TC reafirmó compromiso con los valores y principios constitucionales

Frente a la coyuntura política sobre la interpretación del artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció de forma breve en sus redes sociales en donde sostiene que cumplen su compromiso con los valores y principios constitucionales.

"El TC en estos difíciles momentos, reafirma ante la ciudadanía y la comunidad internacional, su inquebrantable compromiso con los valores y principios constitucionales, garantes de la auténtica democracia, la independencia de poderes y el respeto a las libertades públicas", indicó a través de su cuenta oficial en Twitter.

Esta posición sucede luego de que el Congreso solicitará al Tribunal Constitucional interpretar el artículo 117 de la Constitución. De esa manera, se permitirá el procesamiento a nivel constitucional del presidente Pedro Castillo en los términos que formula la denuncia penal por cargos muy graves de corrupción indicados por la Fiscalía de la Nación.

Sin embargo, dicha postura generó fracciones dentro del Parlamento al punto que se presentará una moción de censura contra el presidente del Parlamento, José Williams.

En una breve conferencia de prensa, la vocera alterna de Cambio Democrático, Ruth Luque, explicó que las bancadas de izquierda —Perú Libre, Bloque Magisterial y Cambio Democrático— acordaron solicitar la salida de Williams, debido a que no consultó con el pleno del Congreso la ampliación de la demanda competencial sobre la elección del defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.

A través del recurso, el Parlamento pide a los magistrados del TC que interpreten los alcances del artículo 117 de la Constitución, que establece los cuatro delitos por los cuales un presidente en funciones puede ser denunciado.

En ese sentido, Luque calificó de “arbitraria” e “ilegal” la disposición de la Mesa Directiva, por lo que recalcó que no permitirán que la Presidencia del Parlamento "tome atribuciones por encima de los 130 congresistas”.

El pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.

La formalización de la denuncia constitucional, ante el Congreso de la República, se produce luego de tres meses de investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación. En un pronunciamiento, señaló que la suficiencia de los indicios que sustentan la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la presunta obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales.