Yeni Vilcatoma: Mi vida está en riesgo

La exprocuradora adjunta anticorrupción Yeni Vilcatoma aseguró que su vida “está en riesgo”, tras recordar que la seguridad que tenía ha sido retirada al ser despedida del cargo.

En entrevista exclusiva con RPP Noticias, la exfuncionaria recordó que ella fue fiscal provincial de Chimbote a cargo del caso La Centralita e, incluso, interrogó al asesinado exconsejero de Áncash Ezequiel Nolasco.

“En Chimbote, dormía en casas distintas todas las noches, tenía protección policial”, refirió.

En ese sentido, dijo que responsabiliza a todos los que firmaron su resolución de despido, entre ellos al ministro Daniel Figallo y el presidente Ollanta Humala, si es que ocurre un atentado en su contra.

“Pongo bajo responsabilidad de este Gobierno, del señor Figallo, del señor Roy Gates y del señor presidente Ollanta Humala, que ha firmado mi resolución, de cualquier atentado que pueda existir contra mi integridad”, señaló.

Al respecto, Vilcatoma dijo sentirse “defraudada” del presidente Humala. “El presidente de la República se debe a los ciudadanos peruanos, no se debe a su ministro”, comentó.

“Me pregunto reiteradamente qué es lo que está sucediendo. ¿Es temor?, ¿es chantaje? ¿Qué está pasando para que no tengan el cuidado debido y tomar este tipo de decisiones?”, se preguntó.


CASO MARTÍN BELAUNDE

Consultada sobre las posibles vinculaciones entre el prófugo Martín Belaunde y el Gobierno, la exfuncionaria recordó que es un hecho “público y notorio” que el empresario apoyó la campaña del hoy presidente Humala.

Al respecto, estimó que su despido y la aceptación de la renuncia del procurador Christian Salas, un mes después de presentada, evidencian que aún hay vínculos. “Personalmente, tengo demasiados datos. Este para mí es un dato”, dijo sosteniendo su resolución de despido.

Sobre los cuestionamientos por haber grabado la entrevista que tuvo con el ministro Daniel Figallo, que a la postre decantó en su despido, la exprocuradora dijo que la Ley de Protección al Denunciante la avala.

“Establece que todo funcionario y/o servidor público que conoce de actos o hechos irregulares, puede grabar la conversación, incluso de un superior jerárquico y puede hacerlo público”, se justificó.