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El congresista de Renovación Popular criticó que el Poder Judicial suspendiera a Patricia Benavides como fiscal de la Nación por 24 meses y aseguró que esto afecta la seguridad jurídica del país.
Alejandro Muñante, parlamentario de Renovación Popular, aseguró este miércoles que la nueva suspensión aplicada contra la extitular del Ministerio Público, Patricia Benavides, deja un "nefasto precedente" para el Perú en temas jurídicos.
"Estoy preocupado por los nefastos precedentes que se están dejando en nuestro país y que afectan terriblemente la seguridad jurídica, la predictibilidad jurídica y la estabilidad de nuestro país", afirmó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.
Muñante dijo estar sorprendido que el fallo judicial contra Patricia Benavides se le hace cuando ni siquiera ejerce el cargo en este momento. Además, consideró que este caso debió verse antes por el Congreso.
"La Constitución, en su artículo 99-100, es bastante clara cuando dice que los altos funcionarios como un fiscal supremo o un juez supremo tienen la prerrogativa del antejuicio y el juicio político, que solo pueden ser suspendidos o inhabilitados cuando el Pleno del Congreso lo apruebe a pedido de la Comisión Permanente", sostuvo.
Muñante recordó que su bancada ya presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por la presunta comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones. Además, precisó que la acusación también incluye a otros tres miembros de la Junta de Fiscales Supremos, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Jorge Villena.
Patricia Benavides no volverá a su cargo
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó la suspensión temporal de Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación por un periodo de 24 meses, debido a presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de dicho organismo.
La decisión judicial, a solicitud del Ministerio Público, se da en el contexto de una investigación contra Benavides Vargas por los supuestos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en perjuicio del Estado.
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