Defensoría del Pueblo criticó proyecto de Mauricio Mulder que prohíbe publicidad estatal

La Defensoría del Pueblo se pronunció este sábado sobre el proyecto de ley del parlamentario aprista Mauricio Mulder que busca prohibir la publicidad en medios de comunicación privados, a las entidades públicas y empresas estatales.

Según explicaron en un comunicado, la iniciativa del parlamentario tiene un fin legítimo, que es el de evitar que  la contratación estatal de servicios de publicidad sirva como un mecanismo de presión hacia los medios de comunicación. “Esto impediría la investigación y difusión de hechos de interés público, lo que constituiría un supuesto de censura indirecta, que el estado está obligado de evitar”.

Pese a esto, señalaron que esto implicaría graves restricciones al derecho de los ciudadanos a acceder y recibir información sobre asuntos de interés público, como problemas y políticas públicas o en sectores o materias sensibles como salud, educación o seguridad ciudadana.

Piden reformulación.

La Defensoría del Pueblo consideró que el debate sobre la regulación de publicidad estatal a fin de evitar su uso político es positivo. Sin embargo, precisó que se debe prevalecer el interés público y la necesidad ciudadana de información, por lo que pidieron que el proyecto se reformule a fin de garantizar el derecho fundamental a la información.

Agregaron que no se puede pretender reemplazar los medios de comunicación privados exclusivamente con las redes sociales. Esto debido a que según el Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI), cerca del 40% de la población no tiene acceso diario a Internet, además resaltó que en provincias predominan los medios tradicionales como la radio o los diarios regionales.

El comunicado también advierte sobre una contradicción en el proyecto, debido a que si se impide la contratación de medios de comunicación privados, se limitaría el alcance de la información que se quiere difundir, pues las redes sociales pertenecen a empresas privadas. “En la mayoría de casos las redes sociales exigen un pago para ampliar la difusión de contenidos. Si se mantiene la prohibición de contratar servicios de publicidad privados, estos mecanismos digitales reducirían su alcance”.