Velásquez Quesquén defenderá ante el TC la ley que homologa pensiones militares y policiales

El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén fue designado como apoderado del Parlamento en el proceso de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 30683, ley que homologa pensiones militares y policiales. En conversación con RPP Noticias, dijo que la norma no ha restablecido la cédula viva.

“La Constitución establece cuatro derechos a las fuerzas policiales y militares: los grados, los honores, las pensiones y las remuneraciones solo pueden ser modificas por decisión judicial. Lo que hizo el señor Humala con el DL 1133 de diciembre 2012 es castigar a los pensionistas anterior a la vigencia de ese DL y reconocer a los nuevos de enero 2013 con una pensión diferenciada a los anteriores”, dijo.

Camino al TC

En noviembre de 2017 el Congreso promulgó por insistencia la Ley 30683 que modificaba el Decreto Legislativo 1133, disponiendo que los pensionistas militares y policiales reciban el monto equivalente a la remuneración del personal en actividad, además de la pensión y los beneficios adicionales.

“El art 79 de la Constitución dice que el Congreso no puede crear ni aumentar gasto. Lo que hemos hecho es reconocer el principio de equivalencia y si eso tiene una consecuencia económica eso no supone, no hemos creado una bonificación a los pensionistas. Nosotros hemos hecho una corrección constitucional”, sostuvo Velásquez.

En su momento, el Ministerio de Economía señaló que la nivelación de las pensiones militares y policiales generará un gasto adicional de 1,107 millones de soles al año al Estado. En tanto el Consejo Fiscal señaló que estos cambios incrementarían el gasto estatal en 4,000 millones anuales.

Defenderán constitucionalidad

En febrero, el Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Congreso al señalar que la Ley 30683, afecta la primera disposición final y transitoria de la Constitución que prohíbe la nivelación de las pensiones y que además se vulnera el artículo 79 ya que los miembros del Legislativo no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos.

“Nosotros lo que hacemos es aplicar principio de equivalencia. [Es] Constitucional. Si no, el Congreso estuviera atado, porque todas las decisiones que toma el Parlamento tienen una implicancia. Pero decir que nosotros creamos gasto, eso no podemos hacerlo. Lo que hemos hecho es decir que este DL [1133] que estableció una diferenciación de pasivo con pasivo es inconstitucional, porque la Constitución habla que tiene que haber equivalencia”, dijo.