La elecciones regionales y municipales 2018 son este domingo 7 de octubre. | Fuente: Andina

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La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el contencioso entre Bolivia y Chile debe ser tomada como un caso ejemplar en que la Justicia actúa con rigor, independencia y claridad. Jueces sin cuestionamientos han resuelto una querella jurídica tras la que se nutren resentimientos seculares y ambiciones políticas. Por doce contra tres, el tribunal presidido por el juez somalí Abdulqawi Yusuf ha establecido que Chile “no se halla jurídicamente obligado a negociar una salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico”.

El fallo reconstruye con precisión las relaciones entre los países desde antes de la guerra del Pacifico y recuerda la posición que tuvo la Cancillería peruana cuando Chile ofreció una salida a través de territorios que fueron peruanos: “En noviembre de 1976 el Perú respondió haciendo una contraproposición dirigida a la creación de una zona de soberanía tripartita, que no fue aceptada ni por Chile ni por Bolivia. Sin embargo el Perú se negó a modificar su posición”.

Con la sentencia leída este lunes la Justicia llega a su fin y comienza la responsabilidad de los dirigentes políticos para no crear, como ha dicho Salvador Piñera, falsas expectativas, pero a la vez para generar confianza y colaboración. Al fin y al cabo los desafíos y las amenazas no conocen fronteras: el subdesarrollo, la delincuencia organizada, el medio ambiente, el populismo y la intolerancia.

Sentencias y pedidos de aclaración

Debemos aspirar a que también la justicia llegue algún día en el Perú a gozar de esa autoridad, pero es triste reconocer que nuestro sistema judicial no merece la confianza ni de los ciudadanos ni de inversionistas, y que con frecuencia interfiere de manera perniciosa en la vida de las instituciones. El último ejemplo lo ha dado ayer el Jurado Electoral Especial de Lima que ha dado 24 horas de plazo al candidato Daniel Urresti para que responda a una tacha presentada por un ciudadano a causa de una condena por difamación.

¿No saben los miembros de ese Jurado que la sentencia ha sido objeto de un recurso de queja ante la Corte Suprema? ¿Será posible que tal como sucedió en las elecciones generales del 2016 se pueda descalificar a candidatos a pocos días de la jornada electoral? Nada de eso justifica, naturalmente, que Urresti interprete la actitud del JEE como un complot de “los ricos” y “los poderosos” para sacar de carrera a alguien que como él trabajaría “por los pobres y los limeños que viven en las laderas de los cerros”. La demagogia no es delito, pero se penaliza en las urnas.

Hinostroza y el Congreso

Mientras tanto, el Pleno del Congreso se prepara para definir los términos en que el suspendido juez supremo César Hinostroza será privado de su inmunidad para ser sometido a una investigación fiscal. Estamos ante un juez del más alto rango que ha sido denunciado constitucionalmente en el Parlamento, pero que también ha sido señalado por el informe de una valiente fiscal del Callao que investigaba el accionar de redes de narcotraficantes que gozaban de impunidad en el Callao.

La Comisión Permanente propone la destitución de Hinostroza por delitos como patrocinio ilegal y negociación incompatible, pero la mayoría fujimorista se negó a incluirlo en la lista de los miembros de la organización criminal de los Cuellos Blancos del Callao. El presidente Martín Vizcarra ha pedido que el Congreso reconsidere su decisión y ha afirmado con severidad: “Quiero ver quiénes quiere combatir la corrupción y quiénes quieren evadir este esfuerzo”. El mismo presidente del Congreso, Daniel Salaverry, diferenciándose de algunos miembros de su bancada, ha dicho esperar que el Pleno “reflexione y sea objetivo”.

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