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Pericia contratada por el Ministerio Público no analizó las firmas cuestionadas de Dina Boluarte, según reportaje

La presidenta Dina Boluarte junto al titular del Congreso, Eduardo Salhuana.
La presidenta Dina Boluarte junto al titular del Congreso, Eduardo Salhuana. | Fuente: Presidencia Perú

La pericia grafotécnica de José Daniel Huapaya Verástegui omitió el decreto supremo del 29 de junio de 2023, día en que, según el médico Mario Cabani, Dina Boluarte estaba internada en su clínica por las cirugías estéticas.

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Un reportaje emitido el 15 de junio por el dominical Cuarto Poder dio cuenta que la Clínica Cabani encargó un peritaje grafotécnico al especialista Julio Alfredo Espejo Quevedo —titulado por el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP)— para determinar la autenticidad de las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en tres cartas dirigidas al cirujano Mario Cabani, así como en un decreto supremo fechado el 29 de junio de 2023.

Cabani fue quien le realizó varias operaciones estéticas a la mandataria Boluarte Zegarra —que viene siendo investigada por la presunta comisión de los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales a raíz de este caso— en junio de 2023. “[Quería] que le haga unos pequeños retoquitos”, explicó en un reportaje del 4 de mayo del referido programa periodístico.

El peritaje de parte concluyó que la mandataria no habría firmado dicho decreto. Según el testimonio del propio Cabani, ese día la presidenta se encontraba internada en su clínica, tras someterse a los procedimientos estéticos.

Sin embargo, Juan Carlos Portugal, abogado de la jefa del Estado, sostuvo días atrás que una pericia realizada por José Daniel Huapaya Verástegui —perito contratado por el Ministerio Público— determinó que las rúbricas estampadas en decretos firmados por Boluarte sí corresponden a su puño gráfico. 

No obstante, en un reciente reportaje de Cuarto Poder, el especialista Espejo Quevedo cuestionó la rigurosidad del análisis del perito Huapaya Verástegui, que verificó las firmas de Boluarte en 91 normas.

"Ese informe está parcialmente instruido porque le faltan documentos por peritar", indicó. "No incluye el decreto supremo [del 29 de junio] que yo he analizado", remarcó.

En ese sentido, el dominical refirió que habría serias deficiencias técnicas y metodológicas en la pericia oficial. El programa periodístico se contactó con José Daniel Huapaya Verástegui para conocer sus descargos, pero este evitó pronunciarse.

"Este peritaje es deficiente"

De acuerdo con el programa, Huapaya debía revisar 91 normas, entre ellas 15 resoluciones legislativas, 4 decretos de urgencia, 21 decretos supremos y 51 resoluciones supremas. Pero eso, finalmente, no ocurrió, ya que el perito solo analizó 54 documentos, y sorprendentemente no incluyó en su estudio el decreto supremo N.° 017-2023 del 29 de junio, fecha clave en las investigaciones, ya que coincide con el día en que Boluarte fue operada.

Espejo Quevedo dijo que el análisis debía abarcar todos los documentos cuestionados, “sin excepciones”. “No se puede tomar aleatoriamente o separar muestras”, sostuvo. “Ese informe pericial ha debido tener 91 conclusiones, ya sea de firma auténtica o firma falsa”, enfatizó. 

El informe pericial difundido por la defensa legal de la presidenta detalla únicamente los documentos sometidos a examen: 16 del Ministerio de Economía y Finanzas —incluidos ocho decretos supremos del 28 de junio del 2023 y uno del 29—; 17 resoluciones supremas del Ministerio del Interior; 12 resoluciones supremas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y nueve documentos de la Presidencia del Consejo de Ministros, la mayoría de ellos también fechados el 28 de junio.

Otro asunto cuestionable es que el perito grafotécnico no analizó también el decreto supremo del 5 de julio de 2023, cuya firma también, siempre según el reportaje, presenta “trazos sospechosos”.

Frente a esta situación, la investigación periodística se pregunta por qué el perito José Daniel Huapaya Verástegui dio prioridad a los documentos del 28 de junio —día en el que la presidenta desempeñaba sus funciones con normalidad y acudió a la Clínica Cabani recién por la noche para, a las 9:20 p. m., someterse a cuatro operaciones— y no al decreto del día siguiente, cuando ya se encontraba internada.  

“Este peritaje es deficiente. ¿Puede haber una ampliación? Sí, y eso es cuestión del perito”, añadió Espejo Quevedo.

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