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El gabinete de Alberto Otárola obtuvo anoche el voto de confianza que había solicitado al Congreso. El largo debate que precedió al voto giró sobre todo en torno a la violencia en Puno y otras regiones, así como en torno al uso de la fuerza desplegada por la Policía y el Ejército. Votaron a favor de la confianza 73 congresistas y 43 contra, mientras que seis se abstuvieron. Durante la sesión plenaria del Congreso, se supo que la Fiscal de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra la Presidenta Dina Boluarte, los ministros Alberto Otárola, Víctor Rojas y Jorge Chávez, así como el ex primer ministro Pedro Angulo. La Fiscalía señala que la investigación se orienta a “presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones” del mes de diciembre y enero. Es probable que un buen porcentaje de congresistas que votaron a favor lo hayan hecho para dar una oportunidad a que el gabinete Otárola logre apaciguar el país, en vez de exponerse a las incertidumbres de la formación de un nuevo gabinete. Lo que no sabemos es cómo se tomará la confianza en las regiones en que se han acumulado los muertos, sobre todo Puno. No por casualidad la región puneña ha sido sometida a un régimen de toque de queda. Aunque Alberto Otárola ha cumplido con éxito una exigencia de su función, no es seguro que la obtención de confianza impresione mucho a quienes reclaman responsabilidades políticas. Sobre todo, porque la tasa de aprobación del Congreso es muy baja, con prescindencia del fin abrupto de la polarización con Pedro Castillo. Colmo de males, un desafortunado azar del calendario hizo coincidir el otorgamiento de la confianza con el rechazo de la inhabilitación del congresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual a una trabajadora del Congreso.
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