Aníbal Torres
El IPYS cuestionó el proyecto de ley anunciado por el jefe del Gabinete, Aníbal Torres. | Fuente: Andina

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su rechazo al proyecto de ley, anunciado por Gobierno, que penaliza la difusión de información fiscal sobre casos penales.

En un comunicado, la organización civil señaló que la medida “afectaría todo tipo de investigaciones fiscales”, lo que consideró es “a todas luces inconstitucional”.

Además, consideró que el proyecto “correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”.

IPYS dijo que esperará a tener el texto del proyecto para pronunciarse con mayor precisión sobre el mismo.

Cabe mencionar que la Federación de Periodistas del Perú también expresó su rechazo “categórico” al mentado proyecto de ley, al considerar que esta norma, de ser aprobada, “estaría perjudicando la labor del periodismo de investigación”.

“Rechazamos y condenamos este tipo de coacciones y chantaje periodístico a quienes informan con la verdad”, manifestó el gremio en un comunicado.

Atentado contra la libertad de prensa

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, anunció ayer, viernes, la presentación ante el Congreso del proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales. La norma -dijo- fue aprobada en la última sesión del Consejo de Ministros.

“Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva”, informó en conferencia de prensa.

Aníbal Torres sostuvo que se debe evitar esa divulgación de información reservada y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión.

“Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionado información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder. Por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine. Y sea sancionada hasta en algunos casos con cuatro años de pena privativa de la libertad”, agregó.

Cabe mencionar que este proyecto de ley fue anunciado con anticipación por el ministro de Justicia, Félix Chero, el pasado 13 de junio. El funcionario aseguró que con la medida se busca “proteger” la presunción de inocencia de los investigados.

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