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En medio de incertidumbres sanitarias y del malestar de algunos actores económicos, la ministra María Antonieta Alva confirmó ayer en el Congreso que es inminente el inicio de la segunda fase del plan diseñado para salir ordenadamente de la cuarentena y retomar las actividades. La ministra de Economía y Finanzas precisó que en la segunda fase pasaremos del 44% de actividad actual al 72%. Durante la primera etapa del plan ACTIVA PERÚ se habría logrado colocar créditos a empresas por un monto superior al 92% del fondo de 30,000 millones de soles destinado a evitar las quiebras y permitir la rápida vuelta a la actividad. La ministra destacó que el plan pone énfasis en la promoción de las pequeñas y microempresas, que son las que generan más empleo. Anunció que se están buscando alternativas para financiar también a los trabajadores independientes. En espera de la publicación del Decreto Supremo que formalizará el inicio de la segunda fase, Ampliación de Noticias entrevistó esta mañana al empresario Miguel Vega Alvear, quien representa al sector privado ante la Comisión Sectorial creada por el MEF para consensuar la salida a la mayor crisis que haya conocido nuestra economía en más de un siglo. Vega Alvear representa a la CONFIEP, la Sociedad de Industrias, la Cámara de Comercio y la Asociación de Exportadores.
En cualquier caso, lo seguro es que el Perú debe resolver un problema que se ha ido agravando: la informalidad laboral y la falta de productividad de nuestros trabajadores. Una cierta idealización del “recurseo” coincidió durante los años noventa con un repliegue del Estado y rápidas desregulaciones para paliar sin visión de largo plazo los graves efectos de la crisis económica que se arrastraba desde la década anterior. El ejemplo más característico es lo sucedido con el transporte público: el Estado renunció a proveer el servicio y a regular. El vacío fue ocupado por la informalidad, causante del desorden, la falta de respeto a las normas y el nefasto impacto sanitario y ambiental. En las ciudades del Perú no hay estaciones de taxi, ni se usa el taxímetro cuya introducción se viene postergando desde principios de los años sesenta. Un ejemplo extremo del transporte al margen de la ley fue descubierto ayer por la policía, que detuvo a un bus con 45 pasajeros que se aprestaba a iniciar su trayecto hasta Trujillo. El conductor y la cobradora fueron detenidos y los pasajeros sometidos a pruebas de despistaje. Pero el hecho pone en evidencia la sensación de impunidad sin la cual nadie se permitiría semejante violación de normas y criterios de salud en estado de emergencia.
No sorprende por eso que después del sacrificado esfuerzo que permitió superar el terrible pico infeccioso vivido en Iquitos, las autoridades teman que las cifras estén anticipando un posible rebrote. El director regional de Salud no vaciló en designar las causas: las aglomeraciones sin distancia social en mercados, bancos y farmacias.
Una buena noticia, para variar, nos llega de Venezuela, donde el presidente usurpador Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, lograron ponerse de acuerdo sobre acciones a tomar en la lucha contra el coronavirus. El acercamiento fue promovido por la Organización Panamericana de Salud, cuya responsabilidad supone, en principio, guardar la más estricta neutralidad política.
Lejos del Caribe, la primera ministra de Islandia, ha explicado las razones de su exitosa gestión del coronavirus. Informar con total rigor, confiar en los ciudadanos y conseguir de ellos su asentimiento para aplicar un sistema digital de seguimiento de los casos sospechosos. Pero, sobre todo, enfatizó Katrin Jakobsdottir, no pretender que uno sabe lo que no sabe. Al parecer la joven líder nórdica se inspiró en la divisa del filósofo griego Sócrates: Solo sé que nada sé.
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