¿Cuáles son los principales cuestionamientos a la Ley de Promoción Agraria? [ANÁLISIS]

Los trabajadores de la agroindustria bloquean desde el lunes la Panamericana Sur y reclaman la derogación de la Ley de Promoción Agraria, una norma vigente desde el año 2000, que se diseñó con la idea de que fuera algo temporal y que fue prorrogada en 2019 hasta finales de 2031. ¿Es la Ley el origen del problema? Aquí recogemos las posiciones de los expertos. 

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Manifestantes bloquean la autopista Panamericana Sur a la altura de la localidad de Pisco. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Paolo Aguilar

La Ley de Promoción Agraria se encuentra en el ojo de la tormenta. Desde el lunes, miles de trabajadores del sector agroexportador en Ica protestan y bloquean la Panamericana Sur para exigir su derogatoria. Este jueves, también se han movilizado trabajadores agrarios de La Libertad. El debate se ha abierto: ¿es la Ley el origen del problema? ¿qué papel han jugado las services en el conflicto?

RPP Noticias recoge en este informe los puntos de vista de esta compleja situación en el sector agroindustrial.

En el 2019, el Congreso aprobó la ampliación del Régimen de Promoción Agraria hasta el 2031. Con la ampliación, también se introdujeron modificaciones en el ámbito laboral de los trabajadores. Se estableció una remuneración diaria de S/39.19, en las que se incluyen el pago de la CTS y gratificaciones. Además, para recibir esa remuneración deben trabajar mínimo 4 horas; sin embargo, no se especifica si hay un horario máximo de trabajo.

Para Daniel De La Torre Ugarte, doctor en Economía Agrícola de Oklahoma State University, la última modificación realizada amplió los derechos laborales de los trabajadores. “Se amplió el periodo de vacaciones, tienen derecho a CTS, a la contribución de la empresa a Essalud. Los últimos cambios fueron en la dirección correcta de proteger a los trabajadores. ¿Se puede avanzar más? Sí ¿Ha habido incumplimiento de la ley? También. Pero el incumplimiento de la ley o la falta de fiscalización del cumplimiento no significa que el problema sea la ley”, sostuvo.

Sin embargo, para Eduardo Zegarra, doctor en Economía Agraria y Aplicada por la Universidad de Wisconsin e investigador de GRADE, la Ley de Promoción Agraria sí es el problema, debido a que-según su análisis- “ha degradado algunos derechos básicos de trabajadores en el uso de esos contratos temporales. La CTS es salarizada, es incluida, la desnaturaliza, igual con la gratificaciones y vacaciones”.

Para el exministro de economía David Tuesta el conflicto se ha generado por las services que están en el sector agrario. “Las services en general intentan normarse, pero no hay suficiente capacidad de supervisión”, dijo. 

¿Qué papel juega las services?

El director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Alfonso Bustamante, reconoció que dentro del sector agroexportador existen estas “malas prácticas”. En esa línea, afirmó estar "a favor de limitar o prohibir las services que generen cualquier recorte a la remuneración o derecho de los trabajadores".

Zegarra señaló que a las services “se les encarga todo el manejo del personal, algo que debería ser una competencia permanente y crucial de la propia empresa. Una service se contrata para hacer limpieza, servicios conexos, pero no para la actividad central de la empresa que es el manejo de la mano de obra. Y el Ministerio de Trabajo pintado en la pared. Ninguna fiscalización”.

Por su lado, De La Torre Ugarte sostiene que la fiscalización del cumplimiento de la ley “nos debe llevar a que las condiciones de trabajo de los trabajadores, sobre todo los temporales, sea tan buenas como garantiza la ley”. Asimismo, dijo que se debe fiscalizar “sin demonizar a las services”. Explicó las services cumplen dos funciones: por un lado, garantizan el trabajo temporal. Por ejemplo, dijo, ayuda a migrar de un trabajo de un cultivo que está bajando, porque su época de cosecha pasó, hacia otro cultivo que está incrementando la demanda de trabajo. Por otro lado, dijo, que las services complementan la oferta de trabajo que necesita el agroexportador para atender la época de cosecha. “Lo importante es fiscalizar que esas services estén actuando de acuerdo a la norma”, afirmó.

¿Derogatoria o modificación?

Los trabajadores del sector agroexportación tanto en el norte y sur del país están exigiendo la derogatoria de la Ley. El miércoles, el Pleno del Congreso había agendado la discusión de un proyecto que buscaba derogar la Ley en su totalidad. Sin embargo, finalmente se aprobó una cuestión previa para que la iniciativa retorne a las comisiones de Economía y Agricultura para que sea estudiada a fondo. Este jueves, ambas comisiones en sesión conjunta aprobaron, por unanimidad, el texto sustitutorio que propone derogar la Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario. Por su parte, el Ejecutivo ha enviado este viernes al Congreso un proyecto de Ley para modificar el régimen laboral agrario.

Para Zegarra, una alternativa es reformar el régimen laboral y así reconocer plenamente CTS, gratificaciones y vacaciones del trabajador. “No eliminar las exoneraciones tributarias que tienen estas empresas, porque estamos en crisis. […] Otra opción es la derogación, eso también es una solución, pero creemos que no es la mejor en este momento. Creo que Ejecutivo y Congreso se pueden poner de acuerdo para hacer modificaciones inmediatas que esta ley requiere y dar a los trabajadores una salida”, sostuvo.

En la posición de Tuesta, es posible analizar el aspecto de la CTS y la gratificación. “Es un tema que se tiene que debatir. Creo que algún impacto puede generar, pero es menor, se puede conversar, se hace por un tema de mayor sinceramiento”, afirmó.

Alto riesgo

Eduardo Zegarra manifestó el 70% de la actividad laboral agroexportadora es permanente, mientras que solo el 30% es estacional. “La agroexportación hace tiempo que tiene la magnitud y la escala para producir todos los meses del año a los distintos mercados. No es verdad que es una actividad que para algunos meses del año y, por lo tanto, eternamente va a ser temporal. Las diversas empresas escalonan sus productos de tal forma que las cosechas ocurren en los distintos meses del año, de acuerdo a la demanda internacional”, sostuvo.

De La Torre Ugarte manifestó que el sector agroexportador en Ica es un modelo intensivo en capital y en tecnología. “Es una inversión de alto riesgo, porque los agricultores tienen que sembrar cultivos permanentes que son frutales, espárragos y estos productos no rinden cosecha, sino después de 3 o 4 años”, manifestó.

El economista dijo que ese tipo de riesgos requiere de cierta estabilidad legal que se la da la Ley de Promoción Agraria. “Desde el punto de vista impositivo y una flexibilidad desde el punto de vista laboral. Desde lo laboral es importante tener en cuenta que, en términos relativos a todo el sector agrícola, el sector agroexportador es lo más formalizado que hay”, indicó.

Según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), los trabajadores formales en la actividad agraria y agroindustria se han incrementado en más de 150% entre el 2007 y 2019. En 2019, de los 212 mil trabajadores formales del sector, más del 90% se encuentra en la costa. Además, entre el 2007 y 2019, el estudio recogió que hubo un fuerte aumento de la formalidad en la costa, a diferencia de otras zonas geográficas.

Perspectiva social

María Teresa Oré, investigadora del Grupo de Estudio Ambiente y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), consideró que hubo dos factores que llevaron a los trabajadores del sector agroindustrial a protestar de una forma que antes no se ha visto. El primer factor fue la situación de los trabajadores durante la pandemia. Como se sabe, el sector agroexportador no paró durante los meses de cuarentena y muchos de los trabajadores se contagiaron. “La empresa no les facilitó mascarillas […] En los buses que los recogían todos iban apiñados sin mascarilla ni distancia. La empresa no se hizo cargo de muchos de ellos. Cuando llegaban al hospital, les decían ‘usted no tiene derecho a sistema de salud, no está en planilla, no tiene seguro’. Ahí los trabajadores se dan cuenta que estaban en desventaja frente a otros trabajadores”, indicó la investigadora.

El segundo factor que llevó a las protestas, consideró Oré, fueron las movilizaciones en contra de la asunción de Manuel Merino a la Presidencia. En Ica, cuenta, que también hubo mucha participación de jóvenes trabajadores del sector agroexportador.  “Es interesante cómo los que están encabezando estas marchas en la agroexportación, la mayor parte son jóvenes a diferencia de sus antiguos dirigentes. En las mesas de dialogo, los antiguos dirigentes decían ‘lo que nosotros no pudimos conseguir de reivindicación, lo están consiguiendo estos jóvenes’”, dijo.

Gerardo Damonte, antropólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), explicó que el modelo de agroexportación tuvo consenso de parte de varios grupos en Ica, debido a que generó empleo y trajo tecnología. Sin embargo, señaló que si bien hubo expectativa por el desarrollo regional tras adoptar este modelo, no ha tenido sostenibilidad ambiental ni social. “Sigue habiendo un uso excesivo del agua de los acuíferos, eso se traduce en escasez o emergencia hídrica […] En términos sociales, las leyes laborales que se dieron para bajar los costos laborales para las empresas, y que se llamaron leyes temporales para impulsar la industria, se han quedado por muchos años”, manifestó.