Este miércoles, el Poder Ejecutivo observó la ley, aprobada por el Congreso de la República, que propone interpretar la cuestión de confianza, regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política.
De acuerdo al documento, suscrito por el presidente Pedro Castillo y el premier Guido Bellido, “la autógrafa de ley altera el sistema de balance de poderes y el equilibrio entre las potestades del Legislativo y el Ejecutivo”.
“Solo se avoca a limitar la potestad constitucional del Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza, más no establece regulación alguna respecto de la censura ministerial que puede proponer el Congreso, para lo cual este tiene amplios márgenes y solo está limitado por requisitos formales, como también los tiene la presentación de una cuestión de confianza”, se lee.
“Incluso, se puede decir que la presentación de la cuestión de confianza presenta mayores “candados” que la presentación y aprobación de mociones de censura, en tanto que el TC ya ha establecido limitaciones de fondo sobre el planteamiento de cuestiones de confianza”, añade.
Asimismo, indica -entre otros puntos- que la autógrafa vulnera el principio de separación de poderes y las competencias del Ejecutivo vinculadas a la formulación e implementación de políticas públicas.
“El artículo 43 de la Constitución reconoce el principio de separación de poderes, al amparo del cual corresponde únicamente al Poder Ejecutivo dirigir y coordinar la política general de gobierno”, explica.
“Entonces, las limitaciones establecidas en el artículo único de la Autógrafa de Ley sobre las materias respecto a las cuales puede versar una cuestión de confianza devienen en inconstitucionales, pues desnaturalizar y socavan las amplias potestades del Ejecutivo para dirigir la política general de gobierno, lo cual puede incluir el planto de una reforma constitucional o legislativo, y para hacer cuestión de confianza sobre algún aspecto de ella”, agrega.
