En entrevista exclusiva con RPP, Erwin Siccha, defensa legal del exmandatario, enfatizó que ya tienen listo las acciones que tomarán ante la intención del INPE de evaluar el traslado de su cliente a un penal común.
El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Erwin Siccha, criticó que el INPE anunciara el posible internamiento de su cliente en un penal común y no en Barbadillo, pese a su condición como exjefe de Estado. En ese sentido, confirmó las acciones legales que tomará en las próximas horas.
"Nosotros ya tenemos dos acciones totalmente listas, redactadas. En todo caso, esta junta Ad Hoc decidiría reclasificar al señor Martin Vizcarra en el establecimiento penitenciario de Lurigancho. Nosotros ya tenemos preparados un habeas corpus correctivo y vamos a impugnar la decisión por la vía administrativa", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son'.
Siccha exhortó a los funcionarios de dicha entidad que brinden mayores explicaciones por tomar esta decisión que, reconoció, ha tomado por sorpresa a su cliente, causándole una "afectación psicológica".
"Ni siquiera hace mención a qué requisitos habría incumplido el señor Vizcarra y para que uno declare la nulidad de un acto administrativo lo primero que tiene que hacer es justificar cuáles son esos defectos", manifestó.
El abogado del expresidente enfatizó que no existe ninguna razón para que Vizcarra sea diferenciado de los demás exmandatarios que se encuentran en el Penal de Barbadillo.
Siccha responsabilizó a Roy de la Torre, director regional de Lima del INPE, si se pone en riesgo la vida de Vizcarra Cornejo en caso sea finalmente trasladado al penal de Lurigancho.
Vizcarra saldría de Barbadillo
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró nula la Clasificación de Internos que hizo el pasado 14 de agosto para trasladar al exmandatario Martín Vizcarra al fundo Barbadillo y en su lugar consideran enviarlo a otro penal para que cumpla los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial la semana pasada.
RPP tuvo acceso al documento donde la entidad justificó esta decisión señalando que hay irregularidades en la clasificación al exjefe de Estado y además que no cumplía con la exigencia establecida en el literal k, numeral 6.2 de la Directiva 006-2023 INPE.