Otárola sobre investigación por el presunto delito de genocidio: "El responsable político está en Barbadillo"

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que colaborará en la investigación que se le sigue por el presunto delito de genocidio por las muertes registradas durante las manifestaciones de diciembre y enero. Al respecto, recordó que han lamentado la muerte de peruanos durante las protestas, además de solicitar la intervención de la Fiscalía.

"Es una investigación reservada, poco puedo decir, pero sí quería mencionar que el responsable político de toda esta asonada, incluidas los fallecidos, creo yo, está en (el penal de) Barbadillo en este momento. Hay que tratar de identificar bien el contexto, los actores y los hechos", indicó.

"Esto va a ser una investigación probablemente larga, pero vamos a colaborar las veces que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el jefe del Gabinete Ministerial señaló también que los ministros de Defensa e Interior durante esa época, e incluso de la propia Presidencia del Consejo de Ministros, "no tienen mando sobre los operativos militares y policiales y eso está claro en la legislación".

"Hemos pedido, hemos exigido, que se acabe la diligencia, que se hagan las preguntas que se tengan que hacer. Lo que hemos hecho es aclarar las cosas, responder con sinceridad (sobre) la actuación que hemos tenido en estos dos últimos meses en los que la evaluación preliminar es que no se ha conseguido la intentona golpista", apuntó.

"Los sectores violentistas no han tomado el poder por la fuerza para perpetuarse en él y el gobierno de la señora Boluarte ha conseguido una relativa paz y estabilidad en el país porque tampoco se produjo la famosa Toma de Lima y tampoco se produjo una situación de crisis institucional que es lo que quieren estos sectores violentistas", agregó.

"No he participado en la contratación"

En otro momento, el titular de la PCM se refirió a la investigación preliminar que abrió en su contra el Ministerio Público y contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, como presunto instigador y autor, respectivamente, por el delito de colusión agravada. Esto por la contratación de su excuñada, Carola Gisella Rodríguez Bringas, como asesora del Ministerio de Trabajo con un suelo de 15 500 soles.

"Desde el punto de vista legal no es cuñada ni excuñada porque no estuve casado con su hermana y a la señora no la veo hace años. Lo que sucede es que ella ha formado parte del equipo del ministro de Trabajo en todas las instituciones en las que ha trabajado, yo no tenía la menor idea de que la había contratado", señaló.

"Parece que hay un pulso un poco rápido en el Ministerio Público para algunos temas, pero vamos a enfrentar (la investigación). Ayer mismo me he apersonado a este proceso, yo he pedido que se me cite. Esto se tiene que aclarar y el tema central es que yo no he participado en la contratación de la señora, de ninguna manera", agregó.

Finalmente, Alberto Otárola resaltó la ronda de diálogos que viene sosteniendo la presidenta Dina Boluarte con representantes de los partidos políticos que tienen inscripción. Según comentó, dos de los temas tratados fueron "la arbitraria narrativa" sobre el Perú que se ha generado en algunos países extranjeros, además del adelanto de elecciones.

"Acá lo importante es informar permanentemente a los partidos, pero también vamos a convocar a los partidos que están en vías de inscripción (…) No va a parar el diálogo permanente que tenemos con las autoridades locales, los sindicatos y los alcaldes provinciales y distritales para tratar de ayudar en sus proyectos de inversión y ayudarlos", destacó.

Investigaciones contra Alberto Otárola

Alberto Otárola es investigado actualmente por el presunto delito de genocidio junto a la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las manifestaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. Por este caso ya fue a declarar el pasado 23 de enero.

En este proceso también se ha incluido a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior. Esto debido a que formaban parte del gobierno durante las primeras manifestaciones que se reportaron en quincena de diciembre.

El presidente del Consejo de Ministros afronta, además, una investigación preliminar en el Ministerio Público, la cual también involucra a Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo, como presunto instigador y autor, respectivamente, por el delito de colusión agravada, además de Carola Rodríguez Bringas como presunta cómplice de dicho delito.

Esta investigación se da por la contratación de su excuñada, Carola Gisella Rodríguez Bringas, como asesora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con un suelo de 15 500 soles. Esta revelación fue dada a conocer en el semanario "Hildebrandt en sus Trece".

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