Caso Pativilca: La polémica por el derecho de gracia concedido a Fujimori

Cuando Pedro Pablo Kuczynski le dio un indulto humanitario a Alberto Fujimori en la víspera de Navidad, también le otorgó un derecho de gracia. Esto significa, en teoría, que no podrá ser juzgado por los procesos en su contra que aún están abiertos, como el de la matanza de Pativilca ejecutada por el Grupo Colina. La Sala Penal Nacional debate este viernes si debe aplicarse o no.

Las opiniones de expertos y políticos están divididas. Una postura sostiene que aún no pasa el tiempo establecido por la Constitución para que el derecho de gracia sea aplicable a Fujimori por Pativilca. Según esta interpretación, el tiempo se cuenta desde que la Justicia chilena, país del que Fujimori fue extraditado en el 2007, aceptó que sea juzgado por este caso en febrero del 2017. Es decir, aún no pasan los 24 meses que requiere la aplicación de la gracia.

Quienes discrepan aseguran que se debe contar desde junio del 2012, cuando la Justicia peruana dictó un auto de procesamiento contra el expresidente, Vladimiro Montesinos y el resto de acusados.

El caso Pativilca

El 29 de enero de 1992, miembros del Grupo Colina ejecutaron a seis ciudadanos en Pativilca, en la provincia limeña de Barranca. En el 2007, un exmiembro de Colina dijo haber realizado una ‘operación’ en esa zona, a partir de lo que el caso salió a la luz.

En el 2011, la Fiscalía denunció a Fujimori por el caso. Según la acusación, el entonces Presidente tenía conocimiento de la matanza. Había una barrera: como fue extraditado de Chile, solo se le podían juzgar en el Perú por los crímenes que la Justicia de ese país aceptó. Sin embargo, en junio del 2012 se dictó el auto de procesamiento. Esto, para el abogado penalista César Azabache, exprocurador anticorrupción, fue un error.

“Debieron recibir la denuncia y declarar el proceso en reserva, porque el caso contra él solo opera desde que el Estado que autoriza la extradición, autoriza el procedimiento. Existe el auto, pero sin efectos legales”, dijo el 29 de diciembre en RPP Noticias.

La barrera de la extradición

La embajada del Perú en Chile recibió el pedido de ampliación de extradición a Fujimori por homicidio calificado en el caso Pativilca en diciembre del 2015. En 22 de febrero del 2017, el Poder Judicial chileno admitió el folio y el caso, en Perú, pasó a estar cargo del Tercer Juzgado Penal Nacional, según informó el diario La República. En junio de ese año, el Tribunal Constitucional chileno ratificó la decisión, y en julio el fiscal Luis Landa Burgos pidió 25 años de prisión contra Fujimori.

“Allí viene la cuestión sobre las inmunidades de los extraditados”, comentó Azabache en Ampliación de Noticias. Para el exprocurador, quienes ya fueron extraditados de un país a otro por un crimen tienen una inmunidad similar a la de funcionarios como ministros o congresistas. Por esto, Fujimori no podía ser acusado por otros crímenes, como la matanza del penal Castro Castro o presuntos negocio de su gobierno con las FARC si la Justicia chilena no lo aprobaba.

Las discrepancias

El inciso 21 del artículo 118 de la Constitución señala que el presidente puede “ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”. Azabache calcula este plazo como de 24 meses y otros abogados, como Wilder Medina, dicen que es de 20, pero ambas partes coinciden en que se debe respetar. Las discrepancias están en cómo debe contarse.

“Se cuenta desde que se apertura la instrucción (junio del 2012)”, opinó Medina, presidente del Centro de Derecho Procesal de la USMP y abogado de Alan García, durante la semana posterior al indulto. “Obviamente, va a ser procesado recién cuando autorice Chile, que ya lo hizo, pero el proceso se inició con la instrucción en el 2012”.  “Lo que confunde a Azabache es que en febrero de este año recién la corte de Chile aprobó ampliar la extradición. De febrero a la fecha han pasado 10 meses, pero eso no dice la ley. La ley dice de la etapa de la instrucción, del auto de procesamiento. Eso fue hace bastante”, comentó el abogado penalista Fernando Ugaz.

Ugaz agregó que “para que haya extradición, para que se pida la ampliación, debe haber auto de extradición; si no, no se pide”. Azabache responde que “si voy a extraditar a alguien por primera vez, debe haber instrucción abierta, cierto. Pero cuando ya lo extradité, para ampliar los casos que se le siguen debe haber autorización del Estado requerido. Eso data de febrero”. Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, estas observaciones no niegan al derecho presidencial de otorgar la gracia. “No se va a decir que la gracia es impropia porque faltaron o sobraron unos meses. Es un tema que no tiene asidero constitucional”.

La opinión de Ugaz fue una respuesta a la del ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales. “La institución de la gracia no está debidamente fundamentada y eso es una violación a la Constitución del Estado, que establece que toda resolución debe estar debidamente fundamentada y con mayor razón tratándose de una resolución de la Presidencia de la República”, dijo el magistrado a RPP en diciembre de 2017.

El Gobierno, la Defensoría y el oficialismo

La posición oficial del Gobierno es que sí se puede aplicar el derecho de gracia y que el plazo se cuenta desde el 2012. Así lo señaló este jueves en RPP Noticias el ministro de Justicia, Enrique Mendoza. “Esta persona (Fujimori) es excluida del proceso por razones humanitarias. (…) Al señor Fujimori en este caso se le abrió proceso en junio de 2012”. Esta declaración fue en respuesta a un informe de la Defensoría del Pueblo presentado el día anterior, que critica la medida.

“Acerca del derecho de gracia otorgado, no se ha expresado cuáles son los procesos penales en trámite sobre los que aplicaría esta gracia presidencial, ni la razón por la cual el Estado ha renunciado a la persecución del delito”, dice el documento. “Tampoco se establecen los argumentos referidos a la habilitación del derecho de gracia derivados del excesivo plazo que había transcurrido en el proceso penal".

Dentro del oficialismo también hay voces disonantes. “Esta gracia del presidente no va a evitar que siga su curso el tema de Pativilca”, dijo Juan Sheput, vocero de Peruanos por el Kambio, el 5 de enero en RPP. “No han pasado los 24 meses desde que se abrió instrucción, eso en primer lugar. Jurídicamente, los jueces tienen todo el derecho a seguir con el proceso adelante. (…) Creo que el señor Alberto Fujimori no se va a librar de esto. No estoy lanzando una culpabilidad a priori, sino que va a tener que enfrentar el juicio. Lo planteado por el presidente no la va a eximir”.