Columna | La judicialización de la política debe conducir a sanciones justas y al fin de la impunidad

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Cuando haya terminado la larga audiencia judicial sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori y otras figuras de su entorno, tendremos que abordar los temas de fondo de nuestro país: qué reformas son las prioritarias, cómo dinamizar la economía, qué medidas adoptar para luchar eficazmente contra la corrupción, qué autoridades deben dar un paso al costado para permitir la necesaria renovación de nuestras instituciones.

La actual fase aguda de judicialización de la política debe conducir a imponer sanciones justas, terminar con la impunidad de los poderosos y restablecer la confianza de los ciudadanos. Por ahora tenemos que prestar atención a los argumentos de las partes, entender la sustancia de las acusaciones de lavado de activos y organización criminal, así como también los requisitos procesales que justificarían la detención: arraigo, riesgo de fuga, obstrucción a la justicia, proporcionalidad.

Chávarry y el Congreso

Sin embargo, algunos no pierden el tiempo y aprovechan las actuales circunstancias para modificar las reglas del juego. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por ejemplo, podría resultar favorecido si procediese una nueva ley orgánica del Ministerio Público, que reforzaría su poder en detrimento de la autonomía de los fiscales a cargo de los casos. Si su proyecto prospera, el levantamiento del secreto bancario -un factor crucial de las investigaciones-solo podría realizarse con autorización previa de su despacho.

Por su parte, el congresista Víctor Andrés García Belaunde ha sido anfitrión de una reunión informal con miembros de las bancadas que solicitan la renuncia de la actual Junta Directiva, presidida por Daniel Salaverry e integrada exclusivamente por miembros de Fuerza Popular. Más allá de nombres, lo importante es darle contenido político al anuncio de Keiko Fujimori, quien llamó a “emprender un camino de reencuentro nacional y de paz sin condiciones”. García Belaunde descartó sin embargo que el tema del Fiscal Chávarry haya sido abordado en la reunión.

Brasil y EE.UU.

Este domingo, 140 millones de brasileños están convocados a la segunda vuelta de la elección presidencial. Todos los sondeos prevén la victoria de Jair Bolsonaro, diputado durante más de veinte años, a lo largo de los cuales cambió ocho veces de partido político. Desde ya, se sabe que Bolsonaro no contará con mayoría en el Congreso Federal. Esperemos que su intolerancia en temas de sociedad y su confesada nostalgia de la dictadura militar no se traduzca en desmedro del Estado de Derecho.

De todos los conflictos que puede haber en el mundo, el que entraña peligros más globales e irreversibles es sin duda el que tiene que ver con el uso de armas atómicas. Respecto de otros temas, como la guerra comercial, el cambio climático o incluso la guerra con armas convencionales, podemos confiar en que aún en el peor de los escenarios, las condiciones del planeta seguirán haciendo posible la sobrevivencia de la humanidad. Pero no si se desencadena una guerra nuclear entre grandes potencias. Pues bien, Donald Trump ha considerado conveniente dejar de respetar el tratado que su país firmó con la por entonces Unión Soviética en 1987.

El tema ha merecido la intervención del más veterano político estadounidense, George Schultz, el último sobreviviente de la Guerra Mundial, alto funcionario bajo Richard Nixon y ministro de Relaciones Exteriores bajo Ronald Reagan. Schultz ha usado un argumento inapelable y simple: los acuerdos a favor de la paz se hacen precisamente entre rivales y se hacen cuando los conflictos amenazan con desbordar y generar violencia armada. De 98 años y paradigma de los republicanos conservadores, Schultz sale de su silencio para alertar contra la falta de visión estratégica del presidente de su país. Esperemos que prevalezca la prudencia y que no tengamos que lamentar algún día haber desoído la voz de la razón.

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