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por Julio Cisneros
·La defensa legal del Roberto Sánchez sostiene que el juez supremo Juan Carlos Checkley realizó un análisis que no planteó, que la conducta atribuida a su patrocinado no está incluida en el delito de rebelión y que existe una falta de precisión en la imputación formulada.
La suerte del exministro Roberto Sánchez quedó en poder de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que este martes 28 de enero evaluará si ordena o no excluirlo del proceso penal que se le sigue junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.
En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, el tribunal supremo analizará el recurso de apelación que presentó Sánchez Palomino para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 11 de julio del 2024, en la que declaró infundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó para que se archive el delito de rebelión que le atribuye la Fiscalía y sea excluido de este proceso penal.
La defensa legal de Roberto Sánchez sostiene que el juez supremo Checkley Soria realizó un análisis que no planteó, que la conducta atribuida a su patrocinado no se está incluida en el delito de rebelión y que existe una falta de precisión en la imputación formulada contra su defendido por lo que demanda que la siguiente instancia revoque la resolución apelada y estime su pretensión.
La sala suprema también evaluará este martes el recurso de apelación que presentó el teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón, para que se revoque el extremo de la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley en la que declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó para que se archive el delito de rebelión que le imputa la Fiscalía y también sea excluido de este proceso penal.
La defensa legal de Infanzón Gómez demanda que la siguiente instancia revoque la resolución apelada y se estime su pretensión al considerar que dicho magistrado realizó un juicio de control sin que se respeten las garantías mínimas del debido proceso y la motivación de las resoluciones; que el razonamiento de la resolución apelada no es lógico y omitió cómo es que la conducta presuntamente cometida por su defendido está incursa en el delito de rebelión; que lo descrito por el fiscal no permite entender que se levantó en armas para derrocar al gobierno durante su servicio policial, y que formó parte de una voluntad previa para derrocar al gobierno.
El colegiado supremo escuchará este martes los argumentos de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 25 años de prisión contra Roberto Sánchez y Eder Infanzón así como su inhabilitación por 2 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlos como presuntos coautores del delito de rebelión en agravio del Estado.
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Julio Cisneros Periodista
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