La suspendida fiscal de la Nación señaló que el archivo de las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte en el Congreso fue inconstitucional. "El Congreso no puede actuar de manera antojadiza, tiene que basarse en un debido proceso", sostuvo.
Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, en diálogo con RPP, se pronunció sobre las recientes declaraciones de Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, respecto a las denuncias constitucionales que presentó en su momento el Ministerio Público contra la entonces presidenta Dina Boluarte, y que fueron archivadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento.
El último viernes, Gálvez Villegas, en conferencia de prensa, señaló que no era posible "reabrir" dichas denuncias en los fueros legislativos, ya que existe una figura denominada "cosa decidida constitucional", salvo que la Fiscalía presente "nueva prueba contundente".
"En cuanto a la posibilidad de reabrir [las denuncias], entendemos que existe la cosa decidida constitucional -no la cosa juzgada- acá en el Congreso, y que el mismo Congreso tiene sus mecanismos, pero entiendo que no hay una norma que autorice reabrirlos, salvo que la propia Fiscalía, con nueva prueba contundente para variar o desvirtuar el criterio que se tuvo para archivar, se pueda iniciar una nueva investigación y otra vez regrese al Congreso", explicó.
"Esa es la única forma en que podría reabrirse, no en el propio Congreso, porque no existe una autorización constitucional ni legal para ello", remarcó.
Espinoza: "Esa cosa decidida que ha hecho el Congreso es inconstitucional"
Al respecto, Espinoza Valenzuela expresó su "preocupación" por lo dicho por Gálvez Villegas, ya que, según dijo, sus afirmaciones estarían al margen de la Constitución.
"Más que hacer una evaluación, porque no me corresponde, lo que sí puedo decir públicamente es que me preocupan algunas afirmaciones que se están haciendo al margen de lo que realmente la Constitución ordena. Me refiero a los casos de la señora expresidenta de la República, cuyos casos tres casos han sido archivados en su momento por el Congreso de manera inconstitucional, y que el señor fiscal de la Nación interino […] ha dicho que eso ya es cosa decidida", indicó la letrada.
"No es así, porque cuando el artículo 117 de la Constitución señala que solamente por cuatro situaciones puede acusarse a un presidente en ejercicio […], mientras no ocurra ninguno de esos casos, cualquier denuncia constitucional tiene que ser suspendida, es decir, no tramitada hasta que la señora presidenta deje de ejercer funciones y ya se dio el caso. Esos tres archivos deben simplemente ser continuados, ser tramitados", sostuvo.
Según Delia Espinoza, la inconstitucionalidad con la que habría actuado el Parlamento radicaría en una extralimitación de sus funciones, ya que "están actuando como jueces o como fiscales".
"Ellos están analizando y evaluando las denuncias constitucionales que presenta el Ministerio Público como si fueran jueces. Si es que hay delito, no hay delito, si hay pruebas, no hay pruebas. Eso no les corresponde a ellos. Por lo tanto, eso también es una grave afectación a la constitucionalidad de los casos", sostuvo.
"Hay tres casos que han archivado de manera inconstitucional los señores del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Por qué? Porque han ido más allá de lo que dice el artículo 117 de la Constitución. Toda la vida, señores, si hacemos memoria, cuando un presidente en ejercicio era denunciado por cualquier delito en funciones, diferente a los casos que señala el artículo 117, nunca se han archivado, se quedaron allí en ciernes, se quedaron suspendidos su trámite hasta que deje de ser presidente, pero en este caso los señores han ido más allá, han archivado por adelantado, y esa es una argucia jurídica […], eso se puede llamar una leguleyada […] ¿Por qué? Porque no debieron archivar, debieron suspender, punto", explicó.
En esa línea, la suspendida titular del Ministerio Público resaltó que la cosa decidida que aludió Tomás Gálvez "es culminar un caso y que ya no se puede reabrir hasta que haya una nueva prueba", pero que "esa cosa decidida que ha hecho el Congreso es inconstitucional".
"Porque la cosa decidida, primero, tiene que respetar el debido proceso y ellos no han respetado el debido proceso. Se han adelantado a un archivo que no debió darse porque debieron suspender el trámite de esas denuncias constitucionales hasta que la señora presidente deje las funciones. Por lo tanto, esa cosa decidida no tiene efectos jurídicos", remarcó.
"El Congreso de la República no puede actuar de manera antojadiza. Tiene que basarse en un debido proceso. Y además porque hay un principio mayor: no permitir impunidad […], porque esos casos tienen que ser tramitados. El Congreso lo que tiene que controlar, y lo he dicho muchas veces, tiene que controlar que no haya persecución política. El control de ellos es de control político, nada más", enfatizó.
Finalmente, Delia Espinoza señaló que mañana, 14 de octubre, se resolvería el proceso de amparo que interpuso contra su destitución como fiscal de la Nación por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
"El juez Fidel Torres Tazo, debe estar notificando la resolución que resuelve mi cautelar, una cautelar que ha demorado más de la cuenta porque miren las consecuencias que he sufrido. Pero yo confío en que la constitucionalidad y el respeto a mis derechos fundamentales, mañana, tiene que consagrarse, porque todo lo que me ha ocurrido es absolutamente ilegal e inconstitucional", puntualizó.
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