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De acuerdo con la tesis fiscal, Santiváñez, en calidad de abogado de Salirrosas, habría pedido 20 000 dólares para lograr un fallo favorable ante el Tribunal Constitucional.
El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse negó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en calidad de abogado de Marcelo Salirrosas, haya intentado influir en favor de un hábeas corpus presentado por su patrocinado para revocar su condena por los delitos asociación ilícita y usurpación agravada.
"Tengo que expresar mi mayor indignación por haberse utilizado el nombre mío y de varios magistrados de manera indebida en este tema tan difícil que pone en entredicho a las instituciones en el Perú. Yo tengo que rechazar categóricamente cualquier tipo de interferencia o de presión del señor Santiváñez y de ninguna persona, a menos en lo que respecta a mi persona, y creo que estoy convencido que también con el colegiado al que hoy en día represento", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"Este caso, concretamente, de la acusación que hemos podido escuchar del fiscal (...), más allá de si es que es verdad o no, lo cierto es que el Tribunal Constitucional aquí, en este caso en concreto, ha actuado de manera objetiva y de manera independiente. Y se demuestra absolutamente con datos objetivos", manifestó.
"(No conozco a Santiváñez) ni antes ni después. Yo, que conozco muchísima gente, porque he trabajado más de 15 años en el Parlamento, al señor Santiváñez nunca lo he conocido. Ni a su abogado tampoco. No lo conozco. Se lo puedo afirmar categóricamente", agregó.
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Salirrosas buscaba revocar condena por 27 años y siete meses
En otro momento, Gutiérrez Ticse indicó que lo que pretendía Salirrosas era revocar la condena vigente en su contra y lograr una excarcelación. No obstante, la solicitud fue declarada como infundada.
"El señor (Miguel Marcelo Salirrosas) con esto pretendía revocar la condena que tenía por 27 años y siete meses de pena privativa de libertad como coautor del delito de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada. Él buscaba con este mecanismo que finalmente el Tribunal Constitucional le dé la razón y ordene la anulación de la condena y, por tanto, su excarcelación", aseveró.
"Fue declarado infundado, no improcedente. Esto es un tema también sustancial. Cuando se declara infundado, quiere decir que el señor no tiene la razón en nada, que este es un caso correctamente resuelto por el Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional de manera unánime. Acá no hay votos singulares, acá no hay fundamento de voto, nada. Acá hay una decisión absoluta", culminó.
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Jair Zevallos Morón Periodista
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