Rafel Vela, Domingo Pérez y Germán Juárez, entre otros fiscales, aseguran que la ley promulgada por el Ejecutivo puede ser instrumentalizada por personas que actualmente se encuentran siendo investigadas por aportes ilícitos.
El Equipo Especial Lava Jato encabezado por el fiscal superior Rafael Vela solicitó un pronunciamiento institucional a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sobre la ley 30997, que incorpora el delito de financiamiento prohíbido de organizaciones políticas aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo.
Los fiscales aseguran que esta ley puede ser instrumentalizada como mecanismo de reducción penal por personas que actualmente se encuentran sometidas a investigaciones del Equipo Especial Lava Jato, lo cual atentaría contra los avances conseguidos.
Advierten, además, que la promulgación de dicha ley se da en medio de acusaciones y requerimientos vinculados a aportes ilegales a partidos políticos bajo la ley de lavado de activos, que contempla penas entre 10 y 20 años de cárcel.
Carlos Caro, abogado penalista, consideró en el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP, que la ley 30997 podría ser utilizada por la defensa de los investigados para conseguir penas menores a las solicitadas por el equipo especial.
Precisamente, la defensa del exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, se acogió a esta posibilidad y solicitó al fiscal Domingo Pérez adecuar la investigación por los presuntos aportes de Odebrecht al partido Fuerza Popular, a la nueva ley penal 30997.
En el documento, el equipo especial afirma que la ley 30997 no corresponde a los hechos que actualmente son materia de diversas investigaciones sustentadas en el lavado de activos.
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