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Según la Fiscalía, dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín existiría una presunta red criminal. | Fuente: Andina/Gobierno Regional de Junín

El caso de ‘Los Dinámicos del Centro’ revela, según la tesis fiscal, una presunta red criminal relacionada con la emisión irregular de licencias de conducir en la región Junín. Si bien en un inicio se había limitado a investigar a funcionarios y personas relacionadas al Gobierno Regional (GORE) de Junín, la fiscalía ha reunido testimonios que apuntan a un presunto financiamiento de la campaña electoral de Perú Libre.

La fiscal Bonnie Bautista, del Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, tiene a su cargo esta investigación que inició en el año 2019, luego de informes emitidos por personal policial de la División de Investigaciones de Alta Complejidad – Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

¿Qué presuntos delitos se investigan?

La Fiscalía investiga los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias en el denominado caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

La tesis fiscal indica que dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la Región Junín existiría una presunta organización criminal que habría emitido irregularmente licencias de conducir a personas que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, a cambio de la recepción de determinados beneficios económicos. La presunta organización criminal estaría integrada por 38 personas, de las cuales para 20 se ha pedido prisión preventiva y para los 18 restantes se ha pedido comparecencia restringida. Siete de los presuntos implicados no fueron detenidos preliminarmente. 

¿Quiénes son algunos de los investigados?

La Fiscalía apunta a que esta presunta organización criminal operó en cinco grupos de manera coordinada: 1) colaboradores indirectos, 2) puntos nodales, 3) colaboradores directos, 4) tramitadores y 5) enlaces o enganches.

La Fiscalía llama “puntos nodales” a los funcionarios evaluadores de la DRTC-J que habrían ejecutado presuntos actos ilícitos de favorecimiento en los exámenes de reglamento y de manejo.

Estas personas, según la fiscalía, actuaron de forma conjunta con los denominados “enlaces” encargados de la supervisión de las evaluaciones. Los “enlaces” tendrían coordinación con los “tramitadores”, personas implicadas que “coadyuvarían al proceso del trámite de licencias de conducir en tiempo récord”, según la Fiscalía.

Asimismo, los denominados “colaboradores directos” estarían a cargo de un responsable de ingresar los resultados de los exámenes de manejo al sistema del MTC para la posterior emisión de las licencias de conducir y “ejecuta actos de favorecimiento para la obtención de licencias de conducir en beneficio de terceros, previa solicitud y recepción de beneficios económicos (sumas de dinero) tanto para sí, como para otros miembros de la presunta organización criminal”.

Eduardo Reyes Salgueran, Waldys Vilcapoma Manrique, Arturo Cárdenas Tovar, José Bendezú Gutarra, Marina Vásquez López, Francisco Muedas Santana y Eduardo Terrazos Jesús formarían parte del grupo de “colaboradores indirectos”, según la Fiscalía. Todos ellos, a excepción Terrazos Jesús, han tenido afiliación a Perú Libre, partido político que ganó la gobernación de Junín en las elecciones regionales en 2018.

Eduardo Reyes Salgueran, ex afiliado a Perú Libre, fue director regional de Transportes y Comunicaciones de Junín en el 2020 y 2021. Según la Fiscalía, conocía de las “actividades ilícitas” que se habrían desarrollado y con las que se “vendrían obteniendo lucro económico a favor de la presunta organización criminal”.

Waldys Vilcapoma Manrique es trabajador de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTCJ). Según la Fiscalía, desde su cargo habría favorecido a “postulantes para la obtención irregular de licencias de conducir a cabio de la obtención de ventajas económicas”.

Arturo Cárdenas Tovar no es funcionario de la DRTCJ; sin embargo, según la Fiscalía se aprovechó de su condición de secretario nacional del partido Perú Libre para “colaborar” en la “promoción”, “colocación”, “remoción” y “favorecimiento” de personas en puestos laborales dentro de la DRTCJ vinculados al trámite y emisión de licencias de conducir.

José Bendezú Gutarra se desempeñó entre el 2019 y 2020 como director del Programa Sectorial IV – director regional de la DRTCJ, un cargo de confianza dentro del Gobierno Regional. Según la Fiscalía, habría “colaborado” e “influenciado” en la continuidad y permanencia de otros miembros de la organización para la contratación en puestos laborales que se vinculan con el trámite y emisión 35 de licencias de conducir.

Marina Vásquez López es funcionaria del área de personal de la DRTC JUNÍN. Según la Fiscalía, habría colaborado con la continuidad y permanencia de otros miembros de la organización en puestos laborales vinculados al trámite y emisión de licencias de conducir.

Francisco Muedas Santana es funcionario encargado del área de licencias de la DRTC Junín. Según la Fiscalía, habría colaborado con otros miembros de la organización encargados de la acción ilícita como los evaluadores de los exámenes de reglamento y de manejo.

Eduardo Terrazos Jesús es funcionario del área de sistemas de la DRTC Junín. Según la fiscalía, habría adelantado las programaciones de evaluaciones y obtención de puntaje aprobatorio durante las evaluaciones de reglamento, a través de un aplicativo de cómputo. Estas acciones habrían tenido la aprobación de los miembros y colabores de la organización.

¿Existe un vínculo con la campaña de Perú Libre?

Durante la audiencia de pedido de prisión preventiva para los presuntos implicados, la fiscal Bautista presentó un acta de transcripción de un aspirante a colaborador eficaz signado con el número 1-2021. Según este testimonio, en octubre del año 2020, a través de Francisco Mueras Santana y Marina Vásquez López, se dio la orden desde el Gobierno Regional de Junín para que se capte una mayor cantidad de postulantes para la obtención de licencias de conducir de manera ilícita.

“El objetivo era financiar la campaña política del partido político de turno en esta gestión 2019 - 2022, que como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y elecciones congresales. Actividad que se habría incrementado en abril del año 2021 a consecuencia de que este partido pasa a la segunda vuelta y se da la orden para que se recaude más dinero de esta forma", expuso la fiscal, en referencia a Perú Libre.

Según la tesis fiscal, la orden emitida por el Gobierno Regional de Junín era recaudar más dinero, captando hasta 50 postulantes por día. La fiscal dijo que a cada postulante se le cobraba 500 soles.

Para la fiscal, el dinero recaudado ingresó a la campaña de Perú Libre de forma irregular. "La orden fue que se recauden sumas de dinero a toda costa para financie en el año2020 y 2021 la campaña política. Establecido está que, en este caso, dinero maculado ha ingresado producto del cobro de coimas a este partido político presuntamente", indicó.

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