La congresista de Nuevo Perú, quien formó parte del gobierno municipal de Villarán entre 2011 y 2014 como regidora, dijo que lo importante ahora es que "la ciudadanía vea que cualquier persona que ha tenido responsabilidad" en el caso Odebrecht "tiene que recibir la sanción que la justicia crea".
La congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, dijo que el pedido de cambiar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, era "algo que se veía venir" tras las últimas revelaciones de Jorge Barata a fiscales peruanos en Brasil.
"Era esperable, los hechos iniciales que tenía la Fiscalía cuando dictaron las primeras medidas contra ella, eran solamente dichos. En este último viaje de los fiscales se ha recibido un conjunto de información adicional; por tanto, están procediendo como lo están haciendo en todos los casos", dijo en el programa ¿Quién tiene la Razón? de RPP.
El fiscal Carlos Puma, del Equipo Especial Lava Lato, solicitó este jueves variar la comparecencia con restricciones dictada el año pasado contra la exalcaldesa de Lima por una orden de 36 meses de prisión preventiva. Desde agosto de 2018, Villarán asiste todos los meses al Ministerio Público para el control correspondiente, y está impedida de ausentarse de Lima y no variar su domicilio sin previa autorización judicial.
Glave, quien fue regidora del partido de Villarán durante su gobierno municipal (2011-2014), dijo que más allá de sus "sentimientos personales" lo que importa ahora es que "la ciudadanía en general vea que cualquier persona que ha tenido responsabilidad" en los delitos revelados por el exdirector de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, "tiene que recibir la sanción que la justicia crea".
Susana Villarán es acusada de haber recibido de manera irregular 3 millones de dólares de Odebrecht y 1 millón de la OAS para financiar la campaña por el "No" a la revocatoria. Según Jorge Barata, exdirectivo de la multinacional brasileña en Perú, el dinero se pagó a pedido de José Miguel Castro −dos millones en Brasil y un millón en Lima.
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló días atrás que la situación jurídica de la exalcaldesa de Lima podía variar debido a que las investigaciones en su contra "han progresado notablemente" por las recientes declaraciones de Barata en la ciudad brasileña de Curitiba, así como del testimonio de Leo Pinheiro, exdirectivo de la empresa OAS.
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