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por Roberto Silva
·Después de 16 años del inicio de las investigaciones, este 15 de abril se conocerá si el Poder Judicial condena o no al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y a las personas que formaron parte de su entorno, por los presuntos aportes ilícitos que habrían recibido para sus campañas electorales. Recordemos en el siguiente informe el largo camino que ha recorrido el caso desde el año 2009.
Ollanta Moisés Humala Tasso, presidente de la República entre 2011 y 2016, afronta diversas investigaciones, siendo la más avanzada la de presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2006 y 2011. El Ministerio Público lo acusa, junto a su esposa Nadine Heredia y otros, de lavado de activos por dinero recibido del gobierno chavista y de las constructoras Odebrecht y OAS.
En 2009, la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada abrió una investigación contra Nadine Heredia por depósitos en dólares a su cuenta bancaria, presuntamente enviados por un medio de comunicación venezolano. Heredia Alarcón sostuvo que el dinero era producto de su trabajo como comunicadora.
Seis años después, en agosto de 2015, un informe periodístico reveló que el excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez tenía en su poder cuatro agendas atribuidas a Nadine Heredia, con información financiera y registros de reuniones. Una de las anotaciones destacaba: "Reunión el Sr. Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú – OH", en aparente alusión a Ollanta Humala. En varias ocasiones, Heredia negó que las agendas fueran suyas.
"Las libretas no son de mi propiedad, nunca he reconocido esas agendas como mías. Eso que se ha mostrado en las páginas web, no se condice con mi letra", dijo en el 2015.
Con el avance de la investigación, Nadine Heredia admitió que las agendas sí le pertenecían y que fueron robadas de su vivienda. Afirmó que los montos anotados no correspondían a fondos públicos, sino a asuntos "absolutamente privados", según declaró.
En 2016, el fiscal Germán Juárez incluyó a Ollanta Humala en la investigación y lo señaló, junto a Nadine Heredia, como presunto cabecilla de una organización criminal. La hipótesis fiscal sostiene que ambos habrían recibido dinero de Venezuela, Odebrecht y OAS para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
En febrero de 2017, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, declaró ante fiscales peruanos que la empresa entregó 3 millones de dólares para la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2011. Con ese testimonio y otros indicios, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Humala y Nadine Heredia. El expresidente rechazó el pedido y alegó motivaciones políticas.
Los abogados de Humala y Heredia argumentaron que no existían elementos suficientes para que el Poder Judicial dictara prisión preventiva. Sin embargo, el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó los argumentos de la Fiscalía y ordenó la reclusión de ambos.
Ollanta Humala y Nadine Heredia se entregaron a la autoridad judicial y fueron recluidos. El expresidente fue llevado al penal de Barbadillo y su esposa al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. No cumplieron los 18 meses de prisión preventiva, ya que en abril de 2018 el Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus a su favor, al considerar excesiva la medida. Desde entonces, ambos afrontan la investigación con comparecencia restringida.
En mayo de 2019, diez años después del inicio de la investigación, el fiscal Germán Juárez formalizó la acusación por lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos. Según la acusación, Humala Tasso habría recibido dinero ilícito de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña presidencial de 2011, así como del régimen venezolano, por disposición de Hugo Chávez, en 2006. Esos fondos no fueron declarados y habrían ingresado al sistema financiero mediante mecanismos ilegales, como la simulación de aportes locales al Partido Nacionalista, constituyendo así lavado de activos según el Ministerio Público.
El fiscal solicitó 26 años y 6 meses de prisión para Nadine Heredia y 20 años para Ollanta Humala. La acusación también se extendió a ocho personas más: Antonia Alarcón Cubas e Ilan Paul Heredia Alarcón, madre y hermano de Nadine; el excongresista Santiago Gastañadui; Rocío del Carmen Calderón Vinatea, amiga de Heredia; Maribel Amelita Vela Arévalo, Eladio Mego Guevara, Mario Julio Torres Aliaga y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez. Además, se solicitó la liquidación y disolución del Partido Nacionalista y de la empresa Todo Graph. En 2021, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso el inicio del juicio.
Martín Belaunde Lossio, exasesor de Ollanta Humala, pasó de acusado a colaborador eficaz y testigo de la Fiscalía. En el juicio oral, Belaunde Lossio declaró que el dinero enviado desde Venezuela llegó en valijas diplomáticas para evadir los controles aduaneros. También señaló que Odebrecht entregó dinero para la campaña de 2006.
"Tuve una reunión con el señor Jorge Barata, con el señor Humala y la señora Nadine Heredia en el año 2006 en la casa del señor Álvaro Gutiérrez en la que el señor Barata se comprometió entregar 400.000 en efectivo para la campaña. Una semana después lo entregó y yo se lo entregué directamente a la señora Nadine Heredia", relató por aquel entonces.
El fiscal Germán Juárez Atoche afirmó que el Ministerio Público había demostrado la llegada de dinero desde Venezuela. En respuesta, la defensa de Ollanta Humala argumentó que no existían pruebas de los presuntos aportes ilícitos, mientras que el expresidente rechazó cualquier aporte ilegal a sus campañas electorales.
Nadine Heredia también rechazó todas las acusaciones en su contra y contra su esposo. Además, consideró un abuso todo el proceso judicial.
"Esta persecución de la que he estado hablando incluyó utilizar a mis hijos como excusa para una prisión preventiva, que seguramente intentaba doblegar mi voluntad, doblegar la verdad, alejándonos de nuestra familia por 10 largos meses, y posteriormente, sacarnos de nuestra casa familiar. Mi rechazo a este abuso continuado", apuntó en ese entonces.
En última instancia, serán los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Mercedes Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias, del Tercer Juzgado Penal Nacional de la Corte Superior Nacional, quienes determinarán si las pruebas presentadas son suficientes para condenar o no a la pareja que estuvo en Palacio de Gobierno entre 2011 y 2016, así como a los otros procesados por lavado de activos.
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Roberto Silva Periodista
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