El juez Víctor Zúñiga Urday declaró consentida una resolución emitida por su despacho con la que aceptó el requerimiento de la defensa legal del Estado para ser actor civil o parte agraviada dentro del proceso penal contra Pedro Pablo Kuczynski y otros.
La resolución Judicial que ordena incorporar a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria seguida al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski y otros por los supuestos aportes irregulares para su campaña presidencial del 2016 se mantiene vigente.
Esto debido a que el juez Víctor Zúñiga Urday declaró consentida la resolución que emitió su despacho el 19 de agosto del 2024 en la que aceptó la solicitud que hizo la defensa legal del Estado peruano para constituirse como actor civil o parte agraviada dentro de este proceso penal.
Mediante una resolución emitida el último 6 de enero a la que tuvo acceso RPP, el magistrado adoptó esta medida al haber transcurrido en exceso el plazo para que las partes procesales involucradas puedan interponer un recurso impugnatorio de apelación contra la medida que dictó su despacho en este caso "por lo que corresponde declarar su consentimiento.
La decisión del juez Zuñiga Urday habilita a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos a solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del estado peruano que se le pueda imponer al exjefe de estado y los demás investigados de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este caso.
Propuesta de reparación civil
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos incluyó dentro de su solicitud de constitución en actor civil una propuesta inicial para que el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski y otros paguen en forma solidaría la suma de seis millones 729 mil 465.14 soles como reparación civil a favor del estado peruano por los supuestos aportes irregulares para su campaña presidencial del 2016.
La defensa legal de nuestro país estableció el daño patrimonial de la siguiente manera: 6 millones 581 mil 364 soles por el delito de lavado de activos, 82 mil 267. 3 soles por el delito de organización criminal, 32 mil 906.92 soles por el delito de falsa declaración en proceso administrativo y 32 mil 906 soles por el delito de fraude procesal, cargos que atribuye la Fiscalía estos investigados por este caso.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó dicho monto de reparación civil en atención al daño moral e institucional que estos hechos ocasionaron a la imagen del estado peruano, entre otros argumentos.
El Ministerio Público inició esta investigación luego que, en diciembre del 2018, cinco ciudadanos que aparecen como aportantes del ahora desaparecido partido político Peruanos por el Kambio (P.P.K) en la campaña presidencial del 2016 negaron haber entregado colaboración económica alguna.
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