La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal dispuso formalizar una investigación preparatoria a los legisladores Guillermo Bermejo y Guido Bellido por el presunto delito de obstaculización a la acción de la justicia.
El Poder Judicial evaluará este martes 11 de febrero si confirma la incorporación de la Procuraduría General del Estado como "actor civil" o "parte agraviada" en el proceso penal seguido a los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido por el presunto delito de obstaculización a la acción de la justicia.
En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará el recurso de apelación que presentó el legislador Guillermo Bermejo para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 24 de junio del 2024, en la que aceptó el pedido de la defensa legal del Estado peruano para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en este proceso penal.
El colegiado presidido por el juez supremo César San Martín también concedió el uso de la palabra a los representantes de la Procuraduría General del Estado, de la Fiscalía Suprema asignada al caso y la defensa legal del congresista Guido Bellido para que expongan lo que estimen pertinente a fin de poder emitir una decisión final al respecto en los próximos días.
La resolución emitida por Checkley habilitó a la Procuraduría General del Estado a poder solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor de nuestro país que se le pueda imponer a estos legisladores de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este caso.
La Procuraduría General del Estado presentó una propuesta inicial dentro de su solicitud de constitución en actor civil para que los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido paguen, en forma solidaria, la suma de 247 500 soles por concepto de reparación civil a favor del estado peruano.
EL CASO
El 3 de enero del 2024, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal dispuso formalizar una investigación preparatoria a estos legisladores por el presunto delito de obstaculización a la acción de la justicia tras atribuirles el presuntamente haber impedido que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como 'Sacha', declare ante los agentes de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote) en una investigación seguida a estos parlamentarios por una supuesta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del Vraem.
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