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por Julio Cisneros
·La exfiscal de la Nación Patricia Benavides es investigada por los presuntos delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico.
El Poder Judicial evaluará el viernes 31 de enero si autoriza o no levantar el secreto de las comunicaciones de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico.
En una audiencia virtual de carácter "privada", a realizarse desde las 2.45 p. m., el juez supremo provisional Saúl Peña Farfán analizará el requerimiento que hizo el 15 de julio del 2024 la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
Asmimismo, el magistrado también evaluará ese día el requerimiento que hizo dicha instancia suprema fiscal para se autorice levantar el secreto de las comunicaciones de la congresista Patricia Chirinos, y Jaime Villanueva y Abel Hurtado, exasesores de Benavides, así como de otras cuatro personas comprendidas en esta investigación.
¿Qué pide la Fiscalía?
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicita que las empresas de telecomunicaciones le remitan el registro histórico de las comunicaciones de los investigados, así como los números telefónicos vinculados a los afectados.
Al respecto, Jaime Villanueva remitió un escrito al despacho de juez supremo provisional Saúl Peña Farfán el 30 de octubre del 2024 en el que le informa que se allana al requerimiento fiscal.
En tanto, Abel Hurtado también presento un escrito el 6 de noviembre del 2024 mediante el cual autoriza el levantamiento del secreto de sus comunicaciones adjuntando autorización legalizada de firma notarial.
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Investigación contra Patricia Benavides y Patricia Chirinos
Como se recuerda, el 10 de mayo del 2024 la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que se encontraba a cargo de la hoy fiscal de la Nación Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra la extitular del Ministerio Público Patricia Benavides y la legisladora Patricia Chirinos ante el Congreso.
El motivo responde a unas presuntas coordinaciones para presentar una denuncia penal en la Fiscalía contra los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de Lima, quienes declararon fundada una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia para que se suspendiera el debate del informe final de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional que recomendaba la remoción de los entonces miembros titulares de la JNJ.
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Las instituciones jurisdiccionales deberían contar con una autoridad inapelable. Pero lo que vemos actualmente es que carecen de ella más que nunca.
Julio Cisneros Periodista
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