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por Redacción RPP
·Los jueces superiores enfatizaron que uno de los pilares básicos del Estado de derecho es la separación de poderes e independencia del Poder Judicial.
Los presidentes y presidentas de las 35 cortes superiores del Poder Judicial expresaron su solidaridad con la titular del Poder Judicial, Janet Tello, y los otros magistrados contra quienes la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado un proceso disciplinario inmediato por un fallo emitido en julio de 2024 cuando integraban la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.
En un pronunciamiento, instaron a la JNJ a resolver de acuerdo con el precedente del Tribunal Constitucional (TC) que, en dos procesos de amparo, declaró inconstitucionales los procedimientos disciplinarios inmediatos por transgredir los límites impuestos en su propia ley orgánica.
Demandaron también que consideren el comunicado de la Sala Plena de la Corte Suprema, que advirtió que el proceso disciplinario inmediato vulnera la independencia de juezas y jueces.
Independencia del PJ
Los jueces superiores enfatizaron que uno de los pilares básicos del Estado de derecho es la separación de poderes e independencia del Poder Judicial; así como la independencia de las juezas y jueces en el ejercicio imparcial de su función jurisdiccional.
“Por ello, no da lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio en la resolución de los procesos, según establece el párrafo final del artículo 44 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial”, señalaron en su pronunciamiento.
Semanas atrás, Luciano López, abogado de la presidenta del Poder Judicial, advirtió que una eventual destitución de Janet Tello Gilardi y los otros cuatro jueces supremos, por parte de la Junta Nacional de Justicia, “sería un grave golpe al sistema judicial” y significaría una violación “flagrante” de la independencia de ese poder del Estado.
La defensa legal indicó también que este proceso disciplinario ha generado preocupación en la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, quien ha pedido a la Junta Nacional de Justicia “abstenerse de cualquier interferencia que pueda debilitar el Estado de derecho”.
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