En relación al caso del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, el procurador público del Minam, Julio César Guzmán, señaló que el Estado peruano buscará "demandas indemnizatorias ejemplarizadoras".
El procurador público del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio César Guzmán, señaló como relevante que en el caso del derrame de petróleo en Ventanilla, donde está involucrada la Refinería La Pampilla S.A, administrada por el grupo Repsol S.A.C, se pretenda "demandas indemnizatorias ejemplarizadoras" para que las empresas pueda invertir un poco más en el control de sus riesgos.
En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP Noticias, el procurador Guzmán aclaró que las pretensiones generales que el Estado Peruano va a proponer ante al Poder Judicial en una demanda de indemnización civil es independiente del proceso de investigación criminal e independiente del proceso administrativo sancionador que se ha iniciado en el Osinergmin, OEFA, Dicapi, y Serfor.
"Para empezar en el proceso de indeminización se discute montos pecuniarios y para poder avalar el pago de la reparación civil incluso podemos ir sobre los activos de la empresa. Ahí las medidas cautelares nos van a pemitir ir sobre los activos de la empresa", sostuvo.
"El daño no ha sido controlado"
Julio César Guzmán consideró adecuado que los diversos sectores hayan iniciado empadronamiento de personas afectadas con el derrame de petróleo, ya que van a nutrir de información para poder proponer, a través de actividad probatoria, seria y concreta, al Poder Judicial, por qué la exigencia de determinados montos indemnizatorios.
"Pero el gran problema que tenemos en este momento es que todavía el daño no ha sido controlado (...) hay algo particular en el daño ambiental, más allá que es irreversible (...) es dinámico, por eso las primeras etapas en una catástrofe ambiental es el encapsulamiento del problema para que no siga afectando porque es un daño vivo (..) no me puedo atrever a lanzar una cifra indemnizatoria porque en la medida que no se controle el daño los equipos no pueden levantar la información de campo", explicó.
Siete años de prisión efectiva
De otro lado, el procurador Julio César Guzmán precisó que la investigación del delito de contaminación ambiental es de tipo penal con agravantes. Es decir, si la persona investigada proporciona información falsa a las autoridades administrativas que no permitan la detección del desastre o compliquen su investigación.
"Pareciera que esta será una de las líneas de investigación del Ministerio Público probablemente va a realizar en estos días", sostuvo. "Agrava la pena y esta pena podría llegar hasta los 7 años de prisión efectiva". Esto en relación a los directivos de La Pampilla que afrontan una investigación tras el derrame de petróleo.
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