Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia | Fuente: Andina

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A falta de una cultura de diálogo y compromiso, todos los desacuerdos tienen tendencia en el Perú a terminar ante el Poder Judicial. En vez de favorecer soluciones que sean producto de concesiones recíprocas, las partes en conflicto prefieren recurrir a los tribunales para eliminar al adversario, percibido como enemigo.

Un momento fundacional de esa mala actitud tuvo lugar en Guayaquil en julio de 1822 cuando los generales San Martín y Bolívar no pudieron ponerse de acuerdo para poner fin juntos al régimen colonial, que ambos combatían por igual. Desde entonces, con pocas excepciones, hacer política en el Perú ha sido una manera de proseguir con otros medios la guerra civil. La paradoja de los tiempos recientes es que cada vez más, temas empresariales relativos a grandes inversiones, se sustraen al Poder Judicial para ser dirimidos vía arbitraje, lo que, como ya sabemos, tampoco ofrece garantías de probidad e independencia.

De ahí la importancia de dotar a nuestro sistema judicial de una Junta Nacional de Justicia, piedra angular de una Reforma invocada desde hace décadas, pero nunca llevada a cabo. Ha sido necesario el estallido del escándalo Lava Jato y el descubrimiento grabado de redes corruptas al interior de las Cortes para que más de 80% de los electores se pronuncien vía referendo a favor de una verdadera reforma.

Los miembros de la Comisión Especial han anunciado la realización de un nuevo concurso de conocimientos, a la vez que la continuación de la evaluación de currículo de los candidatos y la solicitud de la declaración jurada de intereses de los únicos tres aprobados del examen del domingo pasado.

Los peajes

También el Concejo Municipal de Lima ha sido teatro de una batalla entre maximalistas que pretendían anular unilateralmente los contratos de peajes y los partidarios del Alcalde que han promovido una evaluación de los contratos, que podría llevar a acuerdos con los actuales concesionarios, Brookfield y Vinci.

Jorge Muñoz ha afirmado con claridad que no hay solución que no pase por la construcción de vías alternativas, de manera que nadie se vea obligado a pagar un peaje para desplazarse en cortos trayectos urbanos. Naturalmente, un grupo de recalcitrantes ha sostenido que la decisión tomada por el Concejo  significa “la convalidación de la corrupción” que ha manchado la  firma de los contratos de concesión.

En otro tema emblemático parecen registrarse progresos: el caso del ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry. La Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe elaborado por el congresista Juan Sheput, que ahora deberá ser sometido a la Comisión Permanente antes de dar lugar a un voto definitivo en el Pleno.

  En estas circunstancias, un nuevo conflicto amenaza la ya precaria industria petrolera de nuestro país. Petroperú ha informado que la Estación 1 del Oleoducto norperuano  ha sido tomada por 90 pobladores de la comunidad nativa de Saramuro, “provistos de lanzas”. La empresa petrolera estatal llama a “deponer la medida de fuerza y mantener un diálogo respetuoso en beneficio de ambas partes”. ¿Se le escuchará?

  A propósito de empresas y empresarios, el suplemento Día1 de El Comercio entrevista al presidente del directorio de Sider-Perú Leslie Pierce, quien afirma que en los últimos quince años el empresariado ganó innovación y eficiencia, pero “aún hay cuentas pendientes en cuanto al compromiso de los CEO con la sostenibilidad”. Interrogado si existen líderes empresariales comprometidos, Pierce contesta: “Hay… pero deberíamos ser muchos más… No solo cambiar una vez que tengamos el problema… Hoy las empresas que son exitosas en el mundo, son altamente responsables”.

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