TikTok
Los extrabajadores alegan un trauma por su labor en la compañía. | Fuente: unsplash

Dos ex moderadores de contenido de TikTok han presentado una demanda contra la empresa por falta de apoyo psicológico.

Según la demanda, su trabajo consistía en eliminar videos perturbadores o inaceptables de la red social durante todo el día, hecho que tuvo un impacto emocional.

El caso fue recibido días atrás en un tribunal estadounidense y apunta a ByteDance Inc. (empresa china propietaria de la red social) y TikTok Inc. (responsable de la operación en países occidentales).

La demanda alega que ambos violaron las leyes laborales del estado de California al no brindar el apoyo adecuado para preservar la salud mental de los empleados.

Sus razones

Ashley Vélez y Reece Young fueron contratados por empresas de terceros de Canadian Telus International y American Atrium, respectivamente. El dúo intenta convertir la demanda en una acción de clase, lo que permitiría a otros trabajadores en la misma condición buscar una compensación legal por el daño causado.

Los exmoderadores alegan presión para revisar grandes volúmenes de contenido extremo para cumplir con las cuotas, con jornadas laborales de 12 horas. Además, los habrían obligado a firmar documentos de confidencialidad, lo que les impedía hablar de las cosas que veían todos los días.

En el artículo, los abogados de los demandantes argumentan que los demandados "no proporcionaron un lugar de trabajo seguro" para los contratistas, ya que trataron con contenido "sin filtrar, repugnante y cargado de material ofensivo". La demanda ejemplifica el tipo de material visto todos los días: abuso sexual infantil, violación, tortura, bestialidad, decapitaciones, suicidios, asesinatos, discursos de odio y teorías de conspiración.

Se acusa a TikTok y ByteDance de saber todo esto y no hacer ningún esfuerzo para ayudar a los trabajadores a lidiar con una carga emocional tan negativa. El caso no menciona montos, pero solicita el pago de gastos médicos, la creación de un fondo para este tipo de actividades, “gastos legales razonables” y alguna reparación para las víctimas.

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