Autoridades antimonopolio proponen cambios radicales en Google, incluyendo la venta del navegador más usado del mundo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y un grupo de estados presentaron este miércoles una propuesta radical que podría obligar a Google a vender Chrome, su popular navegador web, como parte de las medidas para desmantelar su monopolio en el mercado de búsquedas en Internet.
La solicitud surge tras un fallo histórico que declaró ilegal el dominio de Google en el mercado de búsquedas online y publicidad relacionada.
Según el documento presentado ante la corte, la venta forzosa de Chrome busca "detener permanentemente el control de Google sobre este punto crítico de acceso a búsquedas" y permitir que los motores de búsqueda rivales puedan competir en igualdad de condiciones.
La propuesta gubernamental incluye además otras medidas significativas:
- Posible venta del sistema operativo Android
- Prohibición de acuerdos exclusivos para establecer Google como buscador predeterminado
- Licenciamiento obligatorio de datos de búsqueda y resultados a competidores potenciales
- Restricciones en inversiones y colaboraciones en el campo de la inteligencia artificial
¿Qué dice Google al respecto?
Google respondió enérgicamente a través de su director legal, Kent Walker, argumentando que la propuesta "dañaría la privacidad y seguridad de los estadounidenses" y obstaculizaría las inversiones de la empresa en inteligencia artificial.
La compañía calificó las medidas como "extremadamente amplias" y que "van más allá de la decisión de la Corte".
El juez Amit Mehta decidirá sobre estas propuestas tras una audiencia programada para abril de 2025.
La implementación de estas medidas podría representar el mayor cambio en la estructura de Google desde su fundación y alteraría significativamente el panorama de internet tal como lo conocemos.
Un 66.65% de usuarios usa Google Chrome, según datos de StatCounter. Opciones como Safari (18.09%) y Microsoft Edge (5.26%) quedan rezagadas.
El caso representa un momento decisivo en la regulación de las grandes tecnológicas y podría sentar precedentes para futuras acciones antimonopolio en el sector tecnológico.
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