La propuesta permitiría al gobierno examinar perfiles de redes sociales de solicitantes de green cards, generando preocupaciones sobre libertad de expresión y vigilancia.
La administración del presidente Donald Trump ha presentado una propuesta para examinar los perfiles de redes sociales de los solicitantes de tarjetas de residencia permanente (green cards) que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos, una medida que ha generado fuertes críticas por ser considerada un ataque a la libertad de expresión.
Según la propuesta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los solicitantes deberán proporcionar sus nombres de usuario en redes sociales para “verificación mejorada de identidad, evaluación y detección de amenazas a la seguridad nacional”. La agencia argumenta que esta medida es necesaria para cumplir con la orden ejecutiva de Trump titulada “Protegiendo a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”.
Actualmente, los solicitantes de visas que residen en el extranjero ya deben compartir sus identificadores de redes sociales con USCIS, pero esta propuesta ampliaría la política a aquellos que ya están legalmente en el país y buscan residencia permanente o asilo.
Críticas a propuesta de la administración Trump
La medida ha recibido una abrumadora oposición durante el período de comentarios públicos, que finaliza el 5 de mayo. De los 143 comentarios registrados hasta el momento, 29 mencionan específicamente la violación a la libertad de expresión. Muchos críticos argumentan que esta política tendrá un “efecto intimidatorio” sobre la libertad de expresión y socava valores fundamentales estadounidenses como la privacidad y los derechos humanos.
Organizaciones de derechos civiles han expresado preocupaciones de que la propuesta afectaría desproporcionadamente a críticos de Israel y del manejo del conflicto por parte del gobierno estadounidense. Robert McCaw, director de asuntos gubernamentales del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, advirtió a The Intercept que “esta política afectaría de manera desigual a solicitantes musulmanes y árabes que han expresado apoyo a los derechos humanos palestinos”.
McCaw también manifestó preocupación por la posibilidad de que la actividad en redes sociales continúe siendo monitoreada incluso después de que las personas obtengan la ciudadanía estadounidense.
La propuesta surge en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias, que incluyen la reciente detención del titular de green card Mahmoud Khalil, etiquetado como “pro-Hamás” por la administración Trump, y la deportación de la médica de la Universidad Brown, Rasha Alawieh, portadora de visa H1-B, tras inspeccionar su teléfono y determinar que seguía enseñanzas religiosas del líder de Hezbolá.
Además, según informes del Washington Post, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está cerca de un acuerdo con Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para permitir el uso de datos fiscales confidenciales para confirmar nombres y direcciones de personas sospechosas de estar ilegalmente en el país, lo que ha alarmado a funcionarios del IRS que temen un abuso de las leyes de privacidad.
Este endurecimiento de políticas migratorias ha afectado recientemente a varios titulares de green card, como Fabian Schmidt, un ingeniero eléctrico alemán detenido en el aeropuerto de Boston, y una madre de Milwaukee, residente permanente desde los ocho meses de edad, deportada a Laos, un país que nunca había visitado anteriormente, tras un acuerdo de culpabilidad por cargos relacionados con cannabis.
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