Una nueva ley en California busca proteger a los consumidores frente a obstáculos financieros derivados de gastos médicos.
En el estado de California, la ley SB 1061 firmada por el gobernador Gavin Newsom, prohíbe que las agencias de informes crediticios incluyan deudas médicas en los reportes utilizados para evaluar la capacidad crediticia de los residentes.
Esta medida busca evitar que gastos imprevistos en salud dificulten el acceso a préstamos o créditos hipotecarios. Conocida como la Ley de Agencias de Informes de Crédito del Consumidor, también impide que se incluyan cuentas en cobro o cargadas a pérdidas con más de siete años de antigüedad.
Según el Departamento de Justicia de California, antes de esta regulación, el 7.8% de los consumidores con informes crediticios presentaban deudas médicas que derivaban en rechazos de hipotecas o alquileres.
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El fiscal general del estado, Bob Bonta, señaló que "la deuda médica no siempre es un indicativo de solvencia", y la senadora Monique Limón recalcó: “Ningún californiano debería verse imposibilitado de obtener una vivienda, un préstamo o incluso un empleo por haber accedido a la atención médica necesaria”.
Los alcances en el empleo y criterios de excepción
En el ámbito laboral, la ley establece que solo ciertos puestos pueden estar sujetos a la revisión de informes crediticios que incluyan antecedentes financieros. Esto aplica para cargos como funcionarios del Departamento de Justicia, oficiales de paz juramentados o empleados con acceso frecuente a información confidencial o fondos en efectivo superiores a U$D 10,000.
También se permite el uso de estos informes cuando los trabajadores están autorizados a efectuar transferencias bancarias o utilizar tarjetas de crédito corporativas. La ley busca garantizar la seguridad en roles sensibles sin penalizar a quienes enfrentaron situaciones médicas imprevistas.
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