Los defensores de los derechos de los consumidores argumentan que esta reforma favorece a los fabricantes de autos de California. Conoce aquí más detalles.
California cuenta con un pilar fundamental en la protección de los consumidores que adquieren vehículos nuevos, la medida de conoce como "ley limón". Este conjunto de normas, en vigor desde 1970, garantiza que los compradores que se enfrenten a defectos recurrentes en sus autos tengan la posibilidad de obtener un reemplazo o un reembolso en la región de Estados Unidos.
No obstante, una reciente reforma a la ley podría reducir las protecciones de los compradores de California, suscitando una gran preocupación entre los consumidores y defensores de los derechos de los ciudados que piensan adquirir automóviles en el estado.
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Cambios en la reforma
A partir del 1 de enero de 2025, una serie de modificaciones entrarán en vigor que limitan las opciones de los compradores. La reforma reduce los plazos durante los cuales los consumidores pueden exigir un reemplazo o reembolso, y establece criterios más estrictos para determinar si un defecto se considera "grave".
Además, la nueva norma también limita las circunstancias en las que los compradores pueden exigir compensación por vehículos con fallos menores que no afecten directamente la seguridad o funcionalidad del auto.
Uno de los cambios más polémicos es la redefinición de lo que constituye un defecto "grave". La ley modificada se centra más en la seguridad del vehículo y deja de lado una serie de defectos que, aunque no pongan en riesgo la seguridad, pueden afectar significativamente la experiencia del conductor o el valor del vehículo. Esto deja a muchos compradores sin la posibilidad de exigir una reparación o compensación si el defecto no se considera peligroso.
Así afecta a los compradores
La reforma es especialmente perjudicial para aquellos que adquieren vehículos con problemas menores que no representan un riesgo inmediato, pero que afectan la calidad general del auto.
Según los expertos, la nueva ley dejará a muchos consumidores sin las herramientas para luchar por sus derechos cuando se enfrenten a vehículos con fallos recurrentes o de calidad cuestionable.
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