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Los operativos migratorios han provocado ausencias masivas en campos y plantas, lo que amenaza el suministro y eleva el precio de productos básicos.
Las redadas migratorias ejecutadas recientemente en varias regiones agrícolas de Estados Unidos han desencadenado una severa crisis en el sector alimentario. La ausencia de miles de trabajadores, motivada por el temor a ser arrestados, ha detenido cultivos clave y generado pérdidas millonarias para productores.
Las asociaciones agrícolas denuncian que el sistema alimentario nacional se encuentra al borde del colapso. La International Fresh Produce Association alertó sobre la fragilidad de la cadena de suministro, mientras que el sindicato United Farm Workers reveló que gran parte de los campos está quedando sin recolectar por miedo a detenciones. En California, entre el 25% y el 45% de los jornaleros agrícolas ha dejado de trabajar tras las redadas.
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Impacto crítico en la industria alimentaria
En Nebraska, la detención de 74 inmigrantes en una planta procesadora de aves redujo su operatividad en un 80%. Funcionarios locales han advertido que sin estos trabajadores, algunos pueblos podrían quedar prácticamente deshabitados. En paralelo, las cosechas de frutas como fresas, limones y aguacates están siendo abandonadas en el campo por falta de recolectores.
Las pérdidas no solo afectan a los productores, sino que se proyectan directamente sobre el consumidor: menos alimentos en góndolas, menor variedad y precios en alza. A mediano plazo, la situación podría replicar el caos logístico y la inflación alimentaria vivida durante la pandemia, según advirtió la American Farm Bureau Federation.
Presión de productores vs. endurecimiento migratorio
En respuesta a la presión de los agricultores, el Gobierno federal ordenó inicialmente detener temporalmente las redadas en sectores como agricultura, hotelería y restaurantes. Sin embargo, la medida fue revertida días después, manteniendo la política de detención activa en estos espacios.
Desde la red Truth Social, el presidente Donald Trump admitió que estas políticas están afectando la base laboral del país, especialmente en agricultura y hospitalidad. Aun así, aseguró que se harán ajustes “más adelante”, sin detallar plazos ni medidas concretas.
El secretario de Agricultura, Brooke Rollins, junto al presidente de la American Farm Bureau, Zippy Duvall, exigieron reformas migratorias que legalicen de manera permanente la presencia de trabajadores agrícolas. Ambos recordaron que el 40% al 50% de la fuerza laboral en el campo es indocumentada, y su ausencia tendría consecuencias catastróficas para la economía.
Protestas, despliegue militar y el dilema estructural
Miles de personas han salido a protestar en ciudades como Los Ángeles, exigiendo el fin de las redadas. En respuesta, se desplegó la Guardia Nacional para contener los disturbios, agravando la tensión social. Gobernadores y líderes locales han condenado la política migratoria, defendiendo el rol indispensable de los trabajadores inmigrantes en la cadena alimentaria.
Mientras tanto, sectores productivos presionan para flexibilizar el acceso a visas H‑2A y mejorar los procesos de verificación laboral, buscando una salida legal al problema. Sin embargo, desde el Gobierno solo han prometido “cambios próximos”, sin definir medidas concretas ni plazos.
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