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Muchos de los detenidos estaban en el programa Alternativas a la Detención, sin antecedentes ni órdenes definitivas de expulsión.
En una operación sin precedentes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a más de 2 200 inmigrantes en un solo día, en lo que ya se considera la redada más grande registrada hasta la fecha. Lo que ha desatado mayor indignación es que muchos de los arrestados se encontraban dentro del programa federal de libertad supervisada, diseñado para evitar precisamente estas detenciones.
Las capturas, que tuvieron lugar el martes, 04 de junio, sorprendieron incluso a los críticos más persistentes de la política migratoria estadounidense. Según testigos y abogados, los agentes utilizaron citaciones anticipadas para atraer a los inmigrantes a oficinas de ICE, donde fueron esposados sin previo aviso. Varios de ellos no tenían órdenes de expulsión definitivas ni antecedentes penales, pero fueron llevados en furgones sin distintivos, dejando a sus familias en estado de shock.
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Detenciones a personas bajo vigilancia legal activa
El programa Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés) fue creado para gestionar de forma eficiente a quienes no representan una amenaza pública. Equipados con grilletes electrónicos o aplicaciones de control y sujetos a revisiones periódicas, estos inmigrantes habían estado cumpliendo con las exigencias de ICE de forma puntual.
Sin embargo, el operativo ignoró ese marco. Se enviaron mensajes de texto adelantando citas, y quienes acudieron terminaron detenidos. En Nueva York, un periodista de NBC presenció cómo siete personas eran arrestadas a la vista de sus familias. “Era una cita de rutina. Mi cliente no tiene antecedentes y ha cumplido con todo”, declaró Margaret Cargioli, abogada de uno de los afectados, un colombiano de 30 años.
Incertidumbre y temor a las puertas de ICE
El operativo sembró miedo entre las comunidades inmigrantes. Verónica Navarrete, amiga de un ecuatoriano citado el mismo día, narró cómo su conocido dudaba entre presentarse —con riesgo de detención— o faltar, lo cual podría significar deportación automática. “No tenemos opción”, dijo a NBC News.
ICE defendió la redada argumentando que los detenidos tenían órdenes ejecutables de deportación. Sin embargo, abogados consultados aseguran que muchos no estaban en esa situación y acusan al organismo de engaño y opacidad. Las respuestas institucionales no han aclarado cuántos de los arrestados tenían procesos abiertos o estaban en vías de regularización.
Una política migratoria enfocada en cifras y titulares
Según fuentes, la presión proviene directamente de la Casa Blanca. Stephen Miller, asesor clave en temas migratorios de Donald Trump, habría exigido al cuerpo de ICE alcanzar un mínimo de 3 000 detenciones diarias, amenazando con despidos.
El propio Trump ha prometido deportar a millones y ha instruido al exjefe de ICE, Tom Homan, a enfocarse en los “peores delincuentes”. No obstante, exfuncionarios del organismo aseguran que ese objetivo es inviable si no se amplía el rango de arrestos a personas sin historial penal, como las inscritas en ATD.
Estrategia cuestionada incluso desde dentro de ICE
Jason Houser, exjefe de gabinete de ICE bajo el mandato de Biden, criticó duramente el operativo. Afirmó que se está “utilizando el poder del Estado para montar un espectáculo de fuerza”, más que para proteger la seguridad pública.
Para Atenas Burrola Estrada, del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, estas acciones reflejan una estrategia de intimidación: “Transforman a personas cumplidoras de la ley en cifras manipulables para un mensaje político”.
El número de agentes federales reclutados para las redadas ya supera los 5 000. En este contexto, miles de familias viven ahora atrapadas entre el miedo, la desinformación y la posibilidad real de ser separados sin previo aviso.
Comunidades amazónicas: entre la amenaza criminal y la ausencia del Estado
En la Amazonía peruana, numerosas comunidades indígenas están bajo creciente amenaza debido al avance del narcotráfico, la tala ilegal y la ausencia del Estado. Una de las más afectadas es la comunidad Kakataibo, situada entre Ucayali y Huánuco.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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