La nueva orden ejecutiva elimina el teletrabajo para empleados y plantea reglas que facilitan el despido. Esto ha generado críticas por parte de sindicatos y sectores gubernamentales.
Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin al teletrabajo para la mayoría de los empleados federales, obligándolos a regresar a las oficinas de manera presencial. Además, se establecieron nuevas normas que facilitan los despidos de funcionarios de alto nivel, lo que desató una fuerte reacción por parte de los sindicatos que representan a miles de trabajadores gubernamentales.
El mandato, que afecta a una fuerza laboral de 2.3 millones de empleados, fue presentado como parte de una estrategia para reducir la influencia del llamado “estado profundo” en las decisiones del gobierno. Según la Casa Blanca, la medida busca restablecer la rendición de cuentas en la administración pública, aunque las críticas no se hicieron esperar.
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Sindicatos denuncian violación de derechos laborales
Sindicatos como la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE) y el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro han calificado estas disposiciones como un ataque directo a los derechos laborales. Everett Kelly, presidente nacional de la AFGE, argumentó que estas medidas representan “un intento flagrante de eliminar las protecciones al debido proceso de los empleados, dejándolos vulnerables a despidos por razones políticas”.
El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro presentó una demanda contra la orden “Anexo F”, que, según ellos, contradice las intenciones del Congreso respecto al manejo de empleados de carrera. Alegan que estas acciones buscan instaurar un sistema clientelista similar al del siglo XIX, debilitando la independencia de las agencias gubernamentales.
Impacto del regreso obligatorio a las oficinas
Antes de esta orden, el 46% de los empleados federales tenía acceso al teletrabajo, y aproximadamente 228 000 disfrutaban de un modelo completamente remoto. Con la nueva directiva, los departamentos gubernamentales tendrán la potestad de permitir excepciones, aunque únicamente en circunstancias muy específicas.
Según analistas, esta medida podría provocar una ola de deserción entre los empleados federales, algo que parece estar alineado con el objetivo de Trump de reducir la fuerza laboral pública. Sin embargo, críticos argumentan que la imposición de estas normativas podría afectar negativamente la eficiencia de las agencias gubernamentales.
Reacciones y futuro de las políticas laborales
La orden ejecutiva también incluye una congelación de contrataciones y nuevas reglas de selección de personal. Para algunos, estas medidas son vistas como un intento de centralizar el control político sobre la administración pública.
En este contexto, la disputa legal entre sindicatos y el gobierno podría marcar un precedente importante sobre los derechos laborales en la administración pública. Mientras tanto, los empleados afectados se enfrentan a una incertidumbre que podría redefinir el panorama laboral del gobierno de Estados Unidos.
Créditos vídeo: YouTube | @milenio.
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