El fin de protecciones como el TPS deja a miles de inmigrantes expuestos al desempleo y la deportación, mientras crece la presión sobre empleadores en Florida.
Walmart, una de las principales cadenas minoristas de Estados Unidos, estaría notificando a empleados inmigrantes en sus tiendas de Florida sobre la posibilidad de perder sus empleos debido a cambios recientes en su situación legal. La medida estaría relacionada con un fallo del Tribunal Supremo que autoriza al gobierno a cancelar ciertas protecciones migratorias temporales, afectando a ciudadanos de países como Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba
Fuentes cercanas a la empresa señalan que al menos dos establecimientos en Florida han advertido a trabajadores que podrían ser despedidos si no actualizan sus permisos de trabajo, los cuales se validan mediante el formulario I-9, obligatorio para verificar la autorización laboral.
Esta política no es exclusiva de Walmart. Otras grandes empresas, como Disney, también habrían iniciado procesos similares tras los cambios legales que ponen en riesgo el estatus de residencia temporal de más de 500 mil personas en EE.UU. La situación genera incertidumbre entre comunidades inmigrantes y plantea desafíos laborales inmediatos.
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Miles de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos enfrentan un futuro incierto tras el aval de la Corte Suprema para que el gobierno federal elimine protecciones migratorias temporales.
La medida afectaría principalmente a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), en su mayoría originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los empleados más vulnerables son aquellos con permisos vencidos o sin autorización laboral válida en su formulario I-9, documento requerido para comprobar su elegibilidad para trabajar en el país.
Si no logran regularizar su situación en el corto plazo, podrían ser despedidos y eventualmente deportados. Además de los riesgos laborales, la situación intensifica el temor entre comunidades migrantes. Las autoridades han reforzado operativos migratorios y promueven un programa de "salida voluntaria", que ofrece hasta U$D 1 000 y asistencia para abandonar el país sin sanciones adicionales.
La decisión judicial ha encendido las alarmas entre empleadores y trabajadores, ante un panorama laboral y migratorio cada vez más restrictivo en territorio estadounidense.
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