La decisión se tomó tras una revisión oficial que determinó la ausencia de condiciones suficientes para mantener vigente esta protección humanitaria.
Una nueva medida del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha encendido las alarmas en comunidades inmigrantes. El gobierno ha anunciado que pondrá fin al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Afganistán y Camerún, una decisión que impactará a más de 22 mil personas que viven bajo esta protección legal. Esta medida forma parte de una línea de continuidad en las políticas migratorias restrictivas heredadas de la administración Trump.
La decisión supone un retroceso en las garantías humanitarias para poblaciones vulnerables que encontraron refugio en Estados Unidos tras enfrentar violencia, conflictos armados o crisis institucionales en sus países de origen. Con el TPS, los beneficiarios no solo evitaban la deportación, sino que también podían trabajar legalmente, construyendo una vida estable lejos del peligro.
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El impacto del fin del TPS en afganos y cameruneses
El TPS fue clave para miles de afganos que llegaron a Estados Unidos tras el colapso del gobierno afgano en 2021, cuando el Talibán retomó el poder. Muchos fueron evacuados en vuelos de emergencia por las fuerzas estadounidenses, recibiendo protección bajo la administración Biden. Más de 14 mil personas afganas quedarán desprotegidas por la nueva medida.
En el caso de Camerún, el conflicto armado interno y la violencia generalizada también justificaron la implementación del TPS. Con esta decisión, los cameruneses beneficiarios enfrentarán la posibilidad de ser deportados a un país que aún se encuentra sumido en inestabilidad política y social.
El argumento detrás de la decisión del DHS
Según el American Immigration Council, la autoridad para extender o finalizar el TPS recae en el secretario del DHS, quien debe analizar las condiciones de cada país al menos 60 días antes del vencimiento del estatus. En este caso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) realizó una evaluación que concluyó que Afganistán y Camerún ya no cumplen con los criterios legales para mantener la designación.
Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, explicó a Fox News Digital que esta determinación fue respaldada por el Departamento de Estado y no se tomó de manera unilateral. Sin embargo, para miles de personas que huyeron de la violencia con la esperanza de empezar de nuevo, la medida representa un golpe a su estabilidad.
Mientras organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes critican la medida, muchas familias afectadas enfrentan ahora la urgencia de buscar alternativas legales para no ser deportadas. El debate sobre el futuro de los refugiados y el alcance real de las promesas humanitarias de Estados Unidos vuelve a quedar sobre la mesa.
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