La nueva orden ejecutiva establecida por Donald Trump propone cambios que redefinirían quiénes pueden obtener la nacionalidad estadounidense.
Tras asumir su cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, una de las medidas migratorias más controvertidas de su mandato. Dicha orden entrará en vigor 30 días después del lunes 19 de febrero de 2025.
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La ciudadanía por derecho de nacimiento garantiza que cualquier persona nacida en Estados Unidos sea reconocida automáticamente como ciudadana, según lo establece la Enmienda 14 de la Constitución. Este derecho se aplica incluso a hijos de personas en situación migratoria irregular o con visas temporales, como las de turismo o estudios. La enmienda estipula: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Sin embargo, la orden ejecutiva argumenta que el concepto de estar "sujeto a su jurisdicción" ha sido malinterpretado desde la ratificación de la enmienda en 1868. Según el documento, este derecho no debería aplicarse automáticamente a los nacidos en Estados Unidos cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales, incluyendo casos en los que la madre se encuentre en el país de forma temporal o irregular. La orden también prohíbe a las agencias gubernamentales reconocer la ciudadanía de estas personas.
Contexto histórico y desafíos legales
La Enmienda 14, ratificada en 1868, se diseñó para garantizar los derechos civiles de las personas esclavizadas y sus descendientes tras la Guerra Civil. Durante más de 150 años, la Corte Suprema ha confirmado que esta enmienda protege la ciudadanía de cualquier persona nacida en suelo estadounidense, excepto los hijos de diplomáticos. Según expertos legales, cualquier intento de reinterpretar este derecho enfrenta enormes obstáculos legales y prácticos, ya que modificar la Constitución requiere no solo la aprobación del Congreso, sino también el respaldo del 75% de los estados.
Opiniones encontradas
Aunque Trump sostiene que esta interpretación constitucional fomenta políticas migratorias equivocadas, la mayoría de los juristas rechaza esta postura. Incluso conservadores destacados, como el juez James Ho, designado por el propio Trump, han defendido que el derecho de ciudadanía debe aplicarse a la mayoría de los hijos de extranjeros nacidos en el país, incluyendo aquellos con estatus migratorio irregular.
Implicaciones prácticas
La implementación de esta orden también enfrentaría desafíos logísticos, ya que obligaría a las agencias gubernamentales a verificar el estatus migratorio de ambos padres antes de emitir documentos como números de la Seguridad Social o pasaportes. Esto supondría un cambio drástico en el sistema actual, donde basta con un certificado de nacimiento para acreditar la ciudadanía. Expertos advierten que esta medida podría generar incertidumbre y complicaciones burocráticas para millones de familias en Estados Unidos.
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