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por Elizabeth Rosas
·La propuesta busca recopilar información sobre la ciudadanía de los estudiantes en el estado, pero ha generado rechazo entre diversos sectores.
El estado de Oklahoma podría exigir a los estudiantes de sus escuelas públicas que presenten pruebas de ciudadanía al momento de inscribirse. Aunque las autoridades aseguran que la medida no tiene fines de discriminación, críticos argumentan que la iniciativa atenta contra los derechos de los estudiantes indocumentados y podría sentar un precedente preocupante en el sistema educativo.
Esto tiene como contexto que el Departamento de Educación de Oklahoma publicó recientemente una propuesta para modificar las reglas administrativas escolares. Entre los cambios planteados, destaca la obligación de las escuelas de informar cuántos estudiantes indocumentados están inscritos en cada distrito. Según medios locales, el plan incluye un registro que, aunque no niega la inscripción, requiere a los estudiantes presentar un documento que demuestre su ciudadanía.
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Esta medida genera tensiones en el debate educativo
Mientras las autoridades justifican la medida como una forma de evaluar las necesidades de los estudiantes y optimizar recursos, organizaciones defensoras de derechos civiles han señalado posibles implicancias discriminatorias. La Corte Suprema de Estados Unidos, en su fallo de 1982, garantizó el acceso a la educación pública sin importar el estatus migratorio, lo que pone en duda la legalidad de esta iniciativa.
Ryan Walters, superintendente estatal, ha afirmado que la intención de la medida no es segregar a los estudiantes, sino calcular los costos reales de educar a aquellos sin documentación. Sin embargo, su historial de declaraciones en contra de los estudiantes indocumentados ha levantado sospechas sobre los verdaderos motivos detrás de la propuesta.
Voces de oposición y riesgos legales
Diversas organizaciones y académicos han advertido que la propuesta podría violar derechos fundamentales y aumentar la discriminación en las escuelas. Además, señalan que requerir pruebas de ciudadanía podría desalentar a muchas familias indocumentadas de inscribir a sus hijos, incrementando la exclusión educativa.
Hasta el 17 de enero de 2025, el Departamento de Educación de Oklahoma recibirá comentarios públicos sobre la medida antes de tomar una decisión final. Mientras tanto, el debate continúa polarizando a comunidades, autoridades y defensores de derechos civiles en el estado.
Un posible impacto nacional
De aprobarse, esta medida podría inspirar iniciativas similares en otros estados con posturas estrictas sobre inmigración. Algunos expertos señalan que esta política refleja un creciente endurecimiento hacia las comunidades migrantes y podría tener repercusiones sociales más allá de las aulas, afectando la integración cultural y la cohesión comunitaria.
A medida que se acerca la fecha límite para los comentarios públicos, el caso de Oklahoma podría convertirse en un referente clave en el debate sobre derechos de estudiantes indocumentados en Estados Unidos.
Créditos vídeo: YouTube | @NEWS9OklahomaCity.
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Elizabeth Rosas Periodista
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