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Desde el 1 de julio, quienes ofrezcan asesoría legal en inmigración sin ser abogados, o notarios no licenciados, podrán ser demandados y pagar por los daños causados.
A partir del 1 de julio de 2025, Florida pondrá en marcha una legislación que busca frenar uno de los problemas más delicados para su comunidad inmigrante: las estafas cometidas por personas sin licencia que se presentan como asesores legales en temas migratorios. La ley HB 915, firmada por el gobernador Ron DeSantis, establece nuevas restricciones para los notarios públicos y endurece las consecuencias legales para quienes engañen a inmigrantes con promesas de ayuda legal que no pueden cumplir.
Florida ha sido durante años un foco de denuncias por estafas migratorias, muchas de ellas realizadas por personas que se aprovechan de la confusión entre el rol de un notario público en EE.UU. y en países de América Latina. Con esta ley, se busca cerrar el margen de acción de quienes se presentan como expertos legales sin contar con una licencia profesional, según explicó Ralip Hernández, abogada especializada en inmigración.
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Nuevas reglas para notarios públicos en Florida
La Ley HB 915 establece que los notarios públicos que no sean abogados deberán colocar, de manera obligatoria, avisos visibles en sus oficinas y materiales promocionales, aclarando que no están autorizados para ofrecer asesoría legal en inmigración. Además, no podrán cobrar por este tipo de servicios ni promocionarlos como parte de su actividad.
“Muchas personas creen que un notario aquí tiene las mismas facultades que uno en su país de origen, y eso las deja vulnerables ante quienes se aprovechan de esa confusión”, advierte Hernández. La nueva norma también abre la puerta a que las víctimas de estafas presenten demandas legales y que los responsables deban pagar tanto los daños económicos como los costos del proceso.
Promesas falsas que pueden llevar a la deportación
Uno de los patrones más frecuentes en estas estafas es la oferta de soluciones migratorias rápidas y efectivas, aun cuando no existe viabilidad legal para el caso. Según la abogada Hernández, estas promesas no solo engañan a las personas, sino que agravan su situación legal.
“He visto casos donde no hay salida legal, pero la persona termina confiando en quien le promete algo, solo porque no quiere escuchar la verdad”, explicó. Además, advirtió que algunos falsos asesores cobran tarifas elevadas en situaciones más complejas, sabiendo que no podrán resolver el problema.
El mayor riesgo no es solo la pérdida de dinero, sino las consecuencias legales: una asesoría incorrecta puede derivar en la deportación de la persona afectada. “Por eso, es fundamental verificar que quien ofrezca ayuda legal tenga licencia y esté calificado. No hacerlo puede costarte el país”, puntualizó.
La implementación de la Ley HB 915 marca un nuevo intento por parte del estado de proteger a su comunidad inmigrante, reforzando la regulación de quienes participan en procesos sensibles como los trámites migratorios.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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