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ICE retomó operaciones en Glades tras tres años, sin mostrar evidencias de mejoras ni permitir auditorías externas
La decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de reabrir el contrato con el centro de detención de Glades, en Florida, ha causado preocupación entre defensores de derechos humanos e inmigrantes. A pesar del historial de denuncias por abuso, negligencia y condiciones inhumanas, la agencia reactivó operaciones sin presentar pruebas de mejoras ni permitir la entrada de observadores externos.
A tres años de su cierre temporal, el centro vuelve a recibir detenidos en un contexto de opacidad institucional. ICE y el Sheriff del Condado de Glades aseguran que el establecimiento “cumple los más altos estándares”, pero no han compartido documentación que respalde esa afirmación. Tampoco han dado luz verde a auditorías independientes, lo que profundiza la desconfianza en una medida que afecta directamente a personas bajo custodia migratoria.
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Un historial de abusos documentados y silenciados
Entre 2021 y 2023, el Centro de Detención del Condado de Glades acumuló múltiples denuncias de violencia física, condiciones insalubres y abandono médico. Grupos civiles, abogados de inmigración y exdetenidos advirtieron sobre un patrón sistemático de vulneraciones.
Uno de los testimonios más graves fue el de Abraham Sano, ciudadano liberiano deportado en 2021, quien denunció haber sido rociado con gas pimienta y mantenido en aislamiento durante días. Otro caso fue el de Michael Wallace, inmigrante jamaiquino con epilepsia, que pasó siete meses sin recibir su medicación pese a constar en sus registros médicos. Además, se reportó la hospitalización de Rollin Manning tras una fuga de monóxido de carbono por fallos humanos.
DHS niega acusaciones y defiende reapertura sin fiscalización
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la reapertura se justificó afirmando que “las alegaciones fueron consideradas infundadas” y que se han implementado mejoras, como acceso a tablets para que los internos puedan comunicarse con sus familias o presentar quejas.
Sin embargo, esta medida no ha sido validada de forma independiente ni acompañada por informes técnicos. Para muchas organizaciones, las declaraciones del DHS y de ICE parecen más una estrategia de control de daños que un compromiso real con el bienestar de las personas detenidas. La falta de transparencia sigue siendo el principal obstáculo para confiar en que la situación ha cambiado.
Organizaciones exigen cierre definitivo y acciones verificables
Colectivos como Shut Down Glades Coalition han renovado sus exigencias de cerrar el centro de forma definitiva. Argumentan que no basta con promesas de reformas sin verificación: la historia de Glades es demasiado grave para reabrir sus puertas sin un cambio estructural comprobable.
Las organizaciones también cuestionan el uso de centros locales y cárceles privadas en la detención migratoria, señalando que estos espacios, al operar sin mecanismos externos de control, pueden perpetuar un modelo más centrado en la contención que en la protección de derechos.
Para muchos activistas, Glades representa la opacidad de un sistema que prioriza aparentar cumplimiento antes que garantizar justicia. La reapertura de este centro revive un debate profundo sobre quién vigila realmente a las instituciones que detienen personas vulnerables.
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