La norma fue aprobada por mayoría en la Cámara de Representantes y obliga a todas las policías a colaborar con el ICE a través del programa 287(g).
Arkansas se convirtió en el epicentro de un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos tras la aprobación del proyecto de ley SB 426, que endurece las penas contra inmigrantes indocumentados condenados por delitos violentos. La medida, impulsada por la administración de la gobernadora Sarah Huckabee Sanders, ha sido presentada como un esfuerzo por reforzar la seguridad pública, pero ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y legisladores de oposición.
La norma, titulada Defense Against Criminal Illegals Act, impone castigos adicionales dependiendo de la gravedad del delito y exige la colaboración directa de todas las agencias policiales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mediante el programa 287(g). Esto podría traducirse en un aumento de deportaciones desde cárceles estatales, además de redefinir la relación entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.
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Arkansas refuerza su colaboración con el gobierno federal
Uno de los aspectos más controversiales del proyecto es la obligatoriedad para las policías locales de integrarse al programa 287(g), una iniciativa federal que permite a agentes estatales actuar como oficiales de inmigración dentro de las prisiones. Según la normativa, esta colaboración busca acelerar los procesos de detención y deportación de personas sin estatus legal. Arkansas, con esta medida, se posiciona como uno de los estados más alineados con la política migratoria federal más estricta.
Penas más duras según el tipo de delito cometido
El SB 426 detalla un sistema de aumento de penas según la clasificación del delito. Por ejemplo:
- Para delitos de clase D o no clasificados con penas menores a seis años, se añadirían hasta cuatro años de prisión.
- En los delitos de clase A, B o C, o no clasificados con condenas de entre seis y treinta años, el aumento sería de hasta diez años.
- Para los más graves —como delitos de clase Y o aquellos con sentencias superiores a 30 años o cadena perpetua— se aplicarán hasta veinte años adicionales.
Apoyo mayoritario pese a objeciones
La Cámara de Representantes de Arkansas aprobó la ley con 73 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. En el Senado estatal también se logró un amplio respaldo, con 45 votos a favor y solo 5 en contra, principalmente de representantes demócratas. A pesar de las críticas de algunos sectores, especialmente aquellos que representan a comunidades latinas, la gobernadora presentó la aprobación como una promesa cumplida para “proteger a los ciudadanos del estado”.
Temor a que aumente el silencio entre inmigrantes
Diversas organizaciones han advertido que el SB 426 podría tener un efecto contraproducente al desincentivar que personas inmigrantes denuncien crímenes por miedo a ser detenidas o deportadas. Activistas locales temen que esta nueva ley afecte la confianza en las instituciones de justicia y profundice la separación entre las comunidades inmigrantes y las autoridades. Además, han cuestionado el enfoque punitivo frente a la migración en lugar de buscar soluciones integrales.
Aunque los defensores de la ley argumentan que está dirigida únicamente a quienes cometan delitos violentos, los opositores consideran que genera un estigma generalizado sobre los inmigrantes y podría derivar en abusos o perfiles raciales. La discusión ha puesto sobre la mesa el papel de los estados en la política migratoria, un terreno legalmente complejo y socialmente sensible que sigue dividiendo opiniones en Estados Unidos.
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