Corte Suprema revierte freno judicial y autoriza deportaciones rápidas sin audiencias, avanzando agenda migratoria de Trump.
La Corte Suprema de los EE.UU. aprobó el 24 de junio una medida que reanuda las deportaciones de migrantes a terceros países sin otorgarles oportunidad de audiencias formales. La decisión, adoptada con una mayoría de seis votos conservadores contra tres liberales, elimina los requerimientos previos fijados por un tribunal inferior, que consideraba esencial que los migrantes pudieran argumentar riesgos de persecución o tortura.
Para muchos de los afectados y sus defensores, este fallo representa una pérdida alarmante de garantías legales. Según la jueza liberal Sonia Sotomayor, se trata de “un abuso grosero” del poder judicial, al permitir expulsiones inmediatas sin evaluación de situaciones particulares.
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¿Qué cambió tras el fallo?
El tribunal eliminó una orden de abril emitida por el juez Brian Murphy, que obligaba al gobierno a notificar a los migrantes y brindarles una “oportunidad significativa” para presentar temores sobre su destino. Esa medida impedía deportaciones a lugares como Sudán del Sur, donde éstos podían enfrentar violencia extrema.
Aunque esa orden de Murphy sigue vigente en un caso específico, el nuevo fallo permite al gobierno federal acelerar expulsiones a terceros países, incluyendo Sudán del Sur, Guatemala, El Salvador y otros acordados bilateralmente con Estados Unidos.
Voces encontradas frente a la nueva política
Defensores de derechos humanos advierten que el fallo deja a miles de migrantes en vulnerabilidad, expuestos a riesgos graves sin tener forma de defender su situación ante la ley. Organizaciones como la National Immigration Litigation Alliance alertan sobre las posibles consecuencias, incluyendo tortura o muerte.
Por su parte, la administración Trump celebra lo que considera un respaldo a la autoridad presidencial en materia migratoria. Desde el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca calificaron la decisión de “victoria histórica” y enfatizaron que facilita la expulsión de migrantes con antecedentes criminales y que no son aceptados por sus países de origen.