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El proyecto buscaba forzar a autoridades estatales y locales a cumplir detenciones migratorias solicitadas por el gobierno federal.
La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, vetó un proyecto de ley impulsado por legisladores republicanos que obligaba a las autoridades estatales y locales a cooperar con las órdenes de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La iniciativa despertó fuerte oposición entre defensores de los derechos de inmigrantes, quienes advertían del riesgo que representaba para la confianza entre las comunidades y la policía local.
El texto legal buscaba prohibir que los funcionarios limitaran su colaboración con ICE e imponía el cumplimiento de solicitudes federales de detención. Hobbs justificó su decisión señalando que no se puede imponer desde Washington cómo deben actuar los gobiernos locales. "Continuaré trabajando con el gobierno federal en una verdadera seguridad fronteriza, pero no debemos obligar a los funcionarios estatales y locales a recibir órdenes de Washington", escribió la mandataria en su carta de veto.
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Presiones políticas y preocupaciones comunitarias
La propuesta formaba parte de una serie de medidas migratorias que han generado tensión entre el gobierno estatal y el federal. Para sus promotores, el objetivo era facilitar la detención de personas liberadas de cárceles estatales que enfrentan procesos migratorios. Sin embargo, organizaciones civiles alertaron que una cooperación forzada tendría efectos contraproducentes, como costos elevados para los municipios y una ruptura de la relación con comunidades inmigrantes que ya viven con miedo.
Además, la obligación de colaborar con ICE incluía que cárceles del condado y prisiones estatales firmaran convenios para albergar temporalmente a personas detenidas por motivos migratorios. Estas disposiciones encendieron las alarmas en sectores que advierten sobre un potencial uso desproporcionado de recursos y la criminalización de migrantes.
Antecedentes legales y tensiones persistentes
Arizona ya tiene antecedentes de legislación migratoria restrictiva. En 2010, aprobó una de las leyes más severas del país, permitiendo incluso que ciudadanos demanden a funcionarios que no apliquen normas migratorias. Pese a ello, no se han reportado casos relevantes desde su aprobación, lo que plantea dudas sobre la eficacia de este tipo de enfoques.
La decisión de Hobbs no ocurre en un vacío legal. Forma parte de una serie de vetos recientes que responden también a una disputa más amplia con la Legislatura estatal sobre el uso de fondos públicos. La gobernadora ha dejado claro que no aceptará propuestas que no contemplen apoyo para programas sociales claves, como los que benefician a personas con discapacidad.
Futuro incierto para nuevas iniciativas republicanas
El presidente del Senado estatal, el republicano Warren Petersen, criticó duramente el veto, afirmando que Arizona “debería ser un socio, no un obstáculo” en los esfuerzos migratorios del presidente Donald Trump. Pero Hobbs sostiene que estas medidas no buscan soluciones reales, sino que son parte de una estrategia partidaria. Según ella, los republicanos están usando la crisis migratoria como una herramienta de “guerra política”.
En este ambiente de confrontación, las perspectivas para que otras leyes similares prosperen parecen limitadas. Hobbs ha reiterado que seguirá bloqueando cualquier iniciativa que imponga cargas a los gobiernos locales sin ofrecer soluciones integrales.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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