Jerce Reyes Barrios, futbolista venezolano, fue deportado de EE.UU. tras ser acusado de pertenecer a Tren de Aragua por un tatuaje del Real Madrid. Su caso genera polémica y cuestionamientos.
La reciente política de deportaciones exprés impulsada por la administración Trump ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y expertos legales. Uno de los casos que ha cobrado relevancia es el de Jerce Reyes Barrios, un exjugador de fútbol venezolano que fue deportado a El Salvador sin un proceso judicial adecuado.
A pesar de no contar con antecedentes criminales, Reyes Barrios fue identificado como presunto miembro de la banda criminal Tren de Aragua, basándose en un tatuaje inspirado en el escudo del Real Madrid y una señal de la mano malinterpretada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La abogada de Reyes Barrios, Linette Tobin, argumentó que su cliente no tenía vínculos con ninguna organización delictiva y que su deportación violó sus derechos al debido proceso. "El DHS no presentó pruebas concluyentes. La acusación se basó en supuestos sin fundamentos claros", explicó Tobin a los medios.
En ese sentido, el caso de Reyes Barrios resalta las dudas sobre la fiabilidad del procedimiento utilizado para identificar y deportar presuntos criminales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma diseñada para tiempos de guerra que permite la expulsión sin garantías legales.
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Deportaciones sin transparencia ni garantías legales
La falta de transparencia en las deportaciones masivas ordenadas por Trump ha generado una ola de críticas. La administración no ha proporcionado información detallada sobre los criterios utilizados para identificar a los presuntos criminales ni sobre las pruebas en su contra. "Los inmigrantes merecen un juicio justo antes de ser expulsados", señaló Tobin. Sin embargo, Reyes Barrios y otros inmigrantes fueron deportados sin previo aviso, sin oportunidad de defenderse y sin que sus familiares pudieran comunicarse con ellos.
El DHS, a través de su portavoz Tricia McLauglin, justificó la deportación afirmando que Reyes Barrios "se encontraba en EE.UU. de manera ilegal y su tatuaje indicaba su pertenencia a Tren de Aragua". Sin embargo, la agencia no presentó evidencia adicional que respalde estas afirmaciones, generando críticas sobre el uso arbitrario de las deportaciones rápidas.
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Reacciones y consecuencias políticas
La expulsión de Reyes Barrios ha provocado un enfrentamiento entre el poder judicial y el Ejecutivo. Un juez federal ordenó la suspensión temporal de las deportaciones, pero la administración Trump desoyó la orden y continuó con los vuelos. Este desacato podría representar una violación de la separación de poderes, lo que ha llevado a un fuerte debate sobre la legalidad de las acciones del presidente.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó las deportaciones y minimizó las preocupaciones sobre errores en el proceso. "Si resulta que uno de ellos no era parte de Tren de Aragua, de todas formas estaban en EE.UU. de manera ilegal", declaró. No obstante, defensores de derechos humanos advierten que estas prácticas sientan un peligroso precedente, donde personas inocentes pueden ser expulsadas sin un juicio justo ni pruebas concluyentes.
El caso de Jerce Reyes Barrios sigue generando controversia y podría convertirse en un punto clave en el debate sobre las políticas migratorias de Trump, así como en la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial en Estados Unidos.
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