A sus 67 años, Leonardo Alvarado se abre paso entre sus plantaciones de cacao en el Valle del Monzón, a dos horas de Tingo María, en la selva de Huánuco. Se mueve con destreza entre los árboles y solo se detiene para revisar y cortar algunos frutos rojos cuyas semillas secará y tostará para venderlas por kilo.
A simple vista parece una tarea rutinaria, pero Leonardo sabe todo lo que le ha costado llegar a este punto.
El Alto Huallaga, zona a la que pertenece el Monzón, fue durante décadas uno de los puntos centrales de la producción de cocaína en el Perú. Golpeado además por la violencia de Sendero Luminoso, llegó a albergar más de 17 mil hectáreas de coca hasta 2009. Las noticias de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y narcotraficantes llegaban de manera regular a los titulares de la prensa en Lima.
“Siempre era una costumbre. Movidas, entraban policías, estaban así, buscando narcotráfico, delincuencia. Complicado”, cuenta Alvarado, quien en esa época cultivaba y vendía hoja de coca.
Hoy el agricultor –nacido en Áncash pero que vivió “toda su vida” en el Monzón–, tiene 4500 plantones de cacao repartidos en tres hectáreas. Empezó a sembrar en 2015 por iniciativa propia, y el año siguiente se registró como agricultor de cultivos alternativos en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el ente coordinador de las políticas antidrogas en Perú.
Devida brinda apoyo técnico para el tránsito de cultivar coca al cacao y café, principales cultivos alternativos en el valle. A la fecha, unas 1800 familias del Monzón participan en el programa de desarrollo propuesto por el Estado.
“Cuando hablamos del Monzón hablamos fundamentalmente de una labor que hizo primero la Policía, cuando en el Alto Huallaga captura a ‘Artemio’, jefe de Sendero en esa zona”, explica a RPPData Carmen Masías, presidenta ejecutiva de Devida.
A la par de la pacificación del valle vino la erradicación de la coca. “Entonces el plan era algo rápido, porque si el Ministerio del Interior iba a erradicar había que dar sustitutos, había que dar formas de vida a estas personas”, agrega. En 2013, en medio del conflicto social, se firmaron los primeros acuerdos en los que la población se comprometía a dejar el cultivo de coca.
La reducción de más de 12 mil hectáreas de coca entre 2011 y 2015, solo en el Alto Huallaga, y la participación de la población en el programa de desarrollo alternativo hacen que el Gobierno considere al Monzón como un caso de éxito en la lucha antidrogas. Sin embargo, para los agricultores la situación dista mucho de ser ideal.
Crisis y migración
“Ahorita estamos pobres. No hay trabajo”, dice Jessica Espinoza, accesitaria del juzgado de paz del caserío de Cachicoto, en el Monzón. La erradicación de la coca desató una crisis económica que llevó a muchos a migrar. “Hay bastante compra y venta de terrenos, de casas, a un precio cómodo, barato”.
No se cuenta con cifras oficiales del éxodo en el Monzón, pero los agricultores calculan que al menos un tercio de su población se fue. Algunos se marcharon a seguir sembrando coca en zonas donde los programas estatales no llegan. “Acá sembraban una hectárea. Por allá siembran cinco, seis hectáreas”, dice Espinoza.
Kathryn Ledebur, especialista en temas de narcotráfico radicada en Cochabambas (Bolivia), explica que este es uno de los problemas de la erradicación forzosa: la gente pierde sus posibilidades de ingresos, a la par que los cultivos alternativos tardan por lo menos un par de años en arrojar ganancias.
“Entonces lo que se ve y lo que se veía era una erradicación con gente que firmaba acuerdos y que esperaba un año. Y cuando estos productos no dan fruto, literalmente, vuelven a sembrar la coca”, comenta Ledebur.
El estimado hecho por Devida indica que en 2016 Perú tuvo alrededor de 55 mil hectáreas de coca, una cantidad ligeramente inferior a la que tuvo en 2008. Y mientras el Alto Huallaga redujo en 94% sus plantaciones cocaleras, un informe elaborado por RPPData reveló que en siete valles las plantaciones aumentaron y que solo disminuyeron en cinco. En Putumayo, en Loreto, aumentaron 617%; es decir, en 1116 hectáreas.
Perú produce 410 toneladas de cocaína al año, de acuerdo a la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca. Con esa cifra se mantiene como el segundo mayor productor de cocaína en el mundo.
“La coca se traslada de una zona a otra. Los países destacan éxitos en una región, pero es más lo que se reemplaza”, comenta Ledebur. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) recalca en su informe de 2016 la importancia de la participación del Estado en cuanto a los planes de desarrollo que involucren a la mayor parte de la población del Monzón. De no ser así, se corre el riesgo de que “el cultivo de coca alcance nuevamente niveles de difícil control”.
El kilo de hoja de coca se vende en el mercado negro en unos 13.3 soles. El kilo de cacao se vende a menos de la mitad de ese precio: 5 soles. Leonardo Alvarado persiste con el cacao, pero hasta el momento no ha obtenido el resultado financiero esperado y ahora evalúa vender sus terrenos y dejar la zona.
“Si hay postor, vendo. Y luego, ya. Me siento”, dice.
La ruta del VRAEM
El Gobierno peruano propone llevar la estrategia aplicada en el Monzón al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la región con la mayor producción de coca y la más militarizada del país. Es en esta zona donde opera el Sendero Luminoso de los Quispe Palomino, y donde ocho policías y dos militares han sido abatidos en lo que va de 2017.
En mayo pasado, Devida presentó la Estrategia nacional de lucha contra las drogas 2017-2021. En el documento se plantea la pacificación del valle a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como paso previo a la erradicación de la coca ilegal y al plan del desarrollo alternativo.
Ricardo Soberón, expresidente ejecutivo de Devida, opina que no será posible llevar la estrategia del Huallaga al VRAEM. “El Huallaga es una extensa área de territorio plano arrocero que permite cultivos con gran intensidad. El VRAEM es una región absolutamente estrecha, degradada. No permitiría replicar esa red de actores económicos llamados cooperativas”, explica a RPPData.
Del mismo modo, Soberón comenta que la erradicación forzosa tampoco es la solución. “Todas las experiencias que tenemos con amapola, con cannabis, y con coca en Afganistán, Tailandia, Marruecos, México, Colombia, Bolivia o Perú, nos demuestran que un acto de erradicación tiene efectos (solo) hasta tres meses, porque el factor resiembra, reconocido por el Estado peruano, es inmediato”.
Carmen Masías anunció en una entrevista en el diario La República que el plan para el VRAEM iba a empezar a aplicarse en julio de este año. Ello no ocurrió, pero lo que sí comenzó ese mes fue una marcha de al menos 4 mil campesinos cocaleros que vinieron a Lima a protestar contra la medida.
Tras varios días de movilizaciones, Gobierno y agricultores acordaron reunirse para decidir el futuro de la coca en el valle. Los campesinos piden, entre otras cosas, abrir el padrón de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), que data de 1978 y que incluye a los productores legales de hoja de coca.
Actualmente, en este padrón hay 8603 proveedores activos, del total de 50 mil campesinos cocaleros que se calculan a nivel nacional. En la práctica, el padrón deja a más del 80% de los productores de hoja de coca en la ilegalidad.
De acuerdo a datos de UNODC, Perú produce alrededor de 96 mil toneladas de hoja de coca al año, de las cuales cerca del 11% va al consumo legal. Sin embargo, Enaco cada vez le compra menos coca a los productores: el año pasado solo compró 1820 toneladas del total.
“No se trata de empadronar a todo el mundo, sino de hacer un catastro para ver en dónde están ubicadas las parcelas de coca que se venden a Enaco y actualizar también este padrón”, comenta Masías a RPPData.
La apertura del padrón supone una delimitación entre los agricultores que buscan producir coca legal y los que no. “Al empadronar, nosotros vamos a diferenciar esos cocaleros que dan cara por un Perú soberano. Hay otro grupo que no da cara y de repente están confundidos en cosas ilícitas, eso que no nos involucre a nosotros”, dice Nelson Palomino, dirigente cocalero del VRAEM.
Mientras tanto, las reuniones continúan.
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