Perdonado por el Presidente, buscado por la Policía

Jorge Luis Bueno Soto, alias ‘Gato’, figura en la lista de los más buscados por la Policía Nacional del Perú. Cuando fue detenido en enero de este año, no era un desconocido para la justicia. Según el diario Correo, tenía 16 requisitorias por tráfico ilícito de drogas (TID): tres en 2013, cuatro en 2014, cuatro en 2015, cuatro en 2016 y una en 2017. Ingresó en 2008 al penal de Picsi (Lambayeque) y fue condenado a seis años de cárcel. Tras ser liberado, volvió al crimen.

Su caso podría ser uno más en la larga lista de reincidentes por TID salvo por un detalle: se trata de uno de los 5478 reos que recibieron conmutaciones de penas o indultos durante el último gobierno de Alan García.

En febrero de 2010, la administración aprista redujo a la mitad la sentencia de 6 años que tenía ‘Gato’. Su liberación quedó fijada para noviembre de 2011. Hoy, el Ministerio del Interior ofrece 15 mil soles por él. Su hermano Roberto Carlos, preso por el mismo delito, recibió una gracia similar en junio de 2009. Le rebajaron la pena de 5 a 2 años y su fecha de salida se fijó para enero de 2010.

Según la 'megacomisión' del Congreso que investigó el caso de los 'narcoindultos', los beneficios se dieron a cambio de sobornos, 3207 de los que recibieron conmutaciones y 72 de los indultados habían sido condenados por TID. Se calcula que el 3% de ellos volvió a delinquir luego de salir de prisión.

Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el tráfico ilícito de drogas es el segundo delito más común por el que lo presos vuelven a la cárcel en Perú.

Modus liberandi

La Comisión de Gracias Presidenciales (CGP), dependiente del Ministerio de Justicia, es la entidad encargada de evaluar y proponer al presidente la concesión de indultos y conmutaciones. La megacomisión, liderada por el congresista Sergio Tejada concluyó en su Informe Final que con la llegada de Miguel Facundo Chinguel, un militante del Partido Aprista Peruano, la CGP se convirtió en una presunta asociación ilícita para delinquir. Para esto se cambió la estructura y la composición del organismo.

El equipo de Tejada explica que los beneficios a reos se dieron a cambio de sobornos, aunque no en todos los casos se pudo corroborar esta modalidad. “Implementó un sistema de ‘promotores’, muchos con militancia aprista, que iban directamente a las cárceles a ofrecer los indultos y las conmutaciones de pena. Eran como facilitadores en un nexo muy peligroso y muy directo con los internos”, dijo Tejada a RPPData.

El excongresista cuenta que los ‘promotores’ ayudaban a los reos a elaborar sus expedientes y luego, previo acuerdo de pago, estos eran alterados para que sean aprobados. La propuesta llegaba a la CGP, luego al Ministerio de Justicia y finalmente a Palacio de Gobierno, donde el presidente García firmaba la gracia.

En algunos casos, el propio Alan García hizo anotaciones extras antes de firmar las resoluciones para reducir las penas de los conmutados a su antojo. Para el narcotraficante eslovaco Eugene Csorgo, por ejemplo, el informe sugería bajar la condena de 15 a 8 años, pero el mandatario la redujo a 6.

Luego se probó que el europeo había acordado pagar 15 mil dólares a Facundo Chinguel por el favor.

La conmutación se publicó en marzo de 2010. Según la Fiscalía, cuando todavía en el penal de Lurigancho, Csorgo entregó US$ 7 mil en efectivo a intermediarios y US$ 17,873.43 vía transferencia bancaria desde Eslovaquia. Había sido detenido en 2004 y sentenciado a 15 años de cárcel por portar un kilo de clorhidrato de cocaína. Con la gracia del Gobierno, salió libre el 21 de julio de 2010. El de Facundo Chinguel y algunos ‘promotores’ no fue el único vínculo del entonces partido de gobierno con el caso: 24 de los reos beneficiados registraron, en conjunto, 80 aportes de entre uno y siete soles al Apra.

Cuando se inició el segundo gobierno aprista, en julio de 2006, Facundo Chinguel era cercano a Alan García. Un año antes, Chinguel representó al expresidente en una demanda en la que este acusó a un grupo de personas, entre ellas un fiscal, los abogados de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el exministro Fernando Olivera, de “involucrar ilegalmente al doctor Alan García Pérez en supuestos hechos ilícitos ocurridos durante su mandato presidencial con el propósito de perjudicar su candidatura presidencial en las elecciones de 2006”, según reveló IDL-Reporteros.

En julio de 2007 Chinguel fue nombrado director de Serpost, el servicio postal peruano conocido por, entre otras cosas, ser empleado de manera recurrente por narcotraficantes para enviar droga al extranjero.

Entre enero de 2008 y marzo de 2010, Chinguel presidió la Comisión de Gracias Presidenciales desde poco después de la conmutación a ‘Gato’. La salida de este coincidió con la de salida de Aurelio Pastor del puesto de ministro de justicia, un cargo desde el cual varios testigos le vincularon al caso. La cercanía de Chinguel con el Gobierno no terminó ahí: visitó Palacio 34 veces entre febrero de 2007 y junio de 2011.

La liberación judicial

Tras la revelación del caso en la prensa, la Fiscalía inició investigación y en junio de 2013, Facundo Chinguel ya estaba en prisión preventiva. El Ministerio Público pidió 17 años de cárcel por los delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir. En diciembre de 2015 dictaron 13 años y 8 meses de cárcel para Chinguel. Los 13 otros implicados recibieron entre 3 y 15 años.

De los más de 20 casos de supuestos sobornos presentado por la Fiscalía, solo se consideraron probados dos: el de Csorgo y el de Lorenzo Toledo Leyva.

Sin embargo, la Sala Penal Nacional revisó la sentencia en 2016: absolvió a Facundo Chinguel del delito de asociación ilícita, redujo su pena a nueve años por cohecho y libró de culpa al resto de implicados, pese a que también consideró probados los sobornos de los narcotraficantes colombianos Ramiro Castro Mendoza y Henry Guzmán Ortiz, miembros de la banda 'Los Colochos'.

En segunda instancia, la decisión es inapelable. Facundo Chinguel saldría libre en junio de 2022. Según el diario La República, si se acoge a beneficios penitenciarios, podría dejar el penal de Ancón II este año.

La lucha contra las drogas en el gobierno aprista

Los especialistas coinciden en que el caso de los ‘narcoindultos’ es uno de los más bochornosos de los últimos años, por su dimensión y por la cantidad de reincidencias.

“[En el segundo gobierno aprista] Los cultivos de coca ilícitos siguieron creciendo. No hubo una real política antidrogas”, dice a RPPData Jaime García, miembro del Instituto de Estudios Internacionales y especialista en temas de narcotráfico. “Fue una decisión política de no enfrentar directamente al narcotráfico”.

La Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, elaborada por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el ente coordinador de las políticas antidrogas en Perú, reporta que en 2006 el Perú producía 114,100 toneladas de hoja de coca en 51,416 hectáreas, de las que se erradicaron 12,688.

Para 2011, casi al final del gobierno aprista, la producción de hoja de coca había aumentado a 131,295 toneladas, la erradicación había bajado a 10,290 y las hectáreas habían aumentado a 62,453, la cifra más alta de los últimos 15 años: un área equivalente a casi la cuarta parte de la superficie de Lima.

Al año siguiente Perú alcanzó el primer puesto como productor de cocaína a nivel mundial, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC). Hoy es el segundo productor después de Colombia.

Según la UNODC y la Dirección Ejecutiva Antidrogas (Direjandro) de la Policía, los kilos requeridos de hoja de coca para producir un kilo de cocaína se redujeron de 375 a 258 en 2009, lo que disparó el nivel de producción potencial de drogas cocaínicas. En los cinco años de la presidencia de García, el porcentaje de incautación de cocaína en relación a este potencial de producción varió, pero al final se redujo de 6% en 2006 a 3% en 2011, de acuerdo con cifras policiales.

Una investigación de Associated Press sobre el caso destaca que no se capturó a ningún narco importante entre 2006 y 2011.

“No es raro indultar”

Consultado por RPPData, Omar Quezada, exsecretario general del Apra entre 2010 y 2017, señaló que “no es raro conmutar ni indultar” ya que es una facultad constitucional del Presidente.

“No hay ninguna responsabilidad del presidente García, ninguna. Cuando te llega una resolución para firmarla, pasa por todos los filtros.  El Presidente no va a preguntar caso por caso las particularidades de cada tema”, agregó.

Sobre las pobres cifras de la lucha contra las drogas durante el gobierno aprista, Quezada indicó que la información de Devida no es de fiar.

Aseguró además que Facundo Chinguel no fue nombrado por el Presidente. “Es un cargo de confianza de un ministerio, y los ministros tienen libertad para escoger a sus colaboradores. Hay muchos, no solo en el gobierno del Apra, que pueden haber traicionado la confianza, como en este caso”.

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