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Jorge Chavez: Terrorismo generó pérdidas por más de US$ 42.000 millones

Referencial/EFE
Referencial/EFE

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), precisa además que para 1988 la pérdida representaba el 42,4% del PBI, con US$ 9.184,6 millones.

Hoy el Perú celebra ser el país con mayor crecimiento económico de América Latina y un PBI cercano a los US$ 200.000 millones. Sin embargo, esto se logró con un gran esfuerzo de todos tras la ruina en la que estaba el país a inicios de los noventa.

Sendero luminoso, el grupo terrorista más sanguinario de América Latina, tuvo gran responsabilidad en aquella crisis, no solo porque cometió miles de asesinatos, sino también por las consecuencias económicas de sus actos.

Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), para 1988 la pérdida representaba el 42,4% del PBI, con US$ 9.184,6 millones. Otras estimaciones señalan que para 1993 el daño pasaba los US$ 21.000 millones.

Para el economista Jorge Chávez, quien tuvo las riendas del Banco Central de Reserva (BCR) a inicios de los noventa, la cifra solo representa la mitad del impacto total pues no considera costos indirectos.

“Esa cifra pudiera estar más cercana a los daños directos (…) el Perú con terrorismo era una sociedad muy desconfiada y la falta de confianza ha inhibido que haya más desarrollo”, afirmó.

El informe de la CVR señala varios tipos de daños. El principal fue el asesinato de miles de jefes de hogar pues el 73% de las víctimas eran el sustento de su familia.

La violencia además, generó la migración de grandes masas, que tuvieron que abandonar sus casas y fuentes de trabajo. Ello generó que en Lima el desempleo y la explotación de trabajadores alcancen tasas históricas.

“Llegamos a tener como 85% de desempleo y subempleo conjuntamente, es decir que los adecuadamente empleados eran muy poquitos”, señaló.

“En cuanto a la infraestructura, el informe de la CVR detalla que hasta el año 1989 Sendero Luminoso había volado 335 torres de alta tensión con un costo de US$ 2.000 millones. Todas estas cifras superan largamente los mil millones de dólares que el estado demanda como reparación civil a la cúpula senderista.

 

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